En la última década muchos gobiernos latinoamericanos optaron por mandar a sus ejércitos a las calles con la intención de frenar los niveles crecientes de violencia criminal. ¿Qué opinan los ciudadanos de esta decisión? ¿Están a favor o en contra de que los militares participen en tareas policiales? El análisis desarrollado en este artículo arroja tres resultados importantes:

  • El apoyo a militarizar la seguridad pública en América Latina es alto (cerca del 60%) y las razones de ello varían sustancialmente entre países.
  • De los dos países estudiados históricamente, en Guatemala, el apoyo a la militarización estaba inversamente asociado a patrones de violencia estatal durante la guerra civil. En México, apoyar la militarización estaba relacionado a percepciones de efectividad militar y a niveles bajos de confianza institucional.
  • En años recientes y a nivel regional, estar de acuerdo con la participación de las fuerzas armadas en combatir el crimen y la violencia está asociado a factores como desconfianza institucional, victimización, ideología, satisfacción con la labor policial y percepción del problema de inseguridad.

 

En enero de 2017, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que en 2018 el ejército abandonaría su participación en tareas de seguridad pública. Muchas organizaciones civiles celebraron la decisión de Morales. Sin embargo, esa alegría no era compartida por toda la ciudadanía. En entrevistas con la prensa, vecinos reclamaron que era una decisión terrible porque “los militares hasta en los barrancos se meten cuando es necesario” y porque no confiaban en la policía.

Este contraste entre organizaciones celebrando y los ciudadanos molestos con la decisión de retirar a los militares de las calles en Guatemala abre una serie de preguntas interesantes sobre el papel del ejército hoy. Una de estas preguntas es si los ciudadanos apoyan que los militares participen en tareas policiales y por qué lo hacen. Responder a esta pregunta es relevante no solo para México sino para toda la región, ya que hoy los ejércitos están involucrados en tareas de seguridad pública en 13 países latinoamericanos. La colección de encuestas latinoamericanas de opinión pública del Roper Center (específicamente el United States Information Agency (USIA) 1992 poll en Guatemala y el USIA 1997 poll en México) presenta una oportunidad única para contestar esta pregunta.

1. Guatemala

En 1992, Guatemala estaba a punto de salir de un conflicto armado interno de más de 36 años entre una guerrilla de extracción marxista e indigenista y un gobierno autoritario dirigido por militares. En 1994 se iniciaron pláticas entre el gobierno y las guerrillas que culminaron en la firma de los acuerdos de paz de 1996. Estos acuerdos buscaban una serie de reformas políticas y económicas, llamaban a la creación de una fuerza policial civil y a la desmilitarización de la seguridad pública. Sin embargo, en menos de cuatro años el ejército volvería a participar en tareas policiacas.

Fue en este contexto histórico que el USIA levantó una encuesta en Guatemala en 1992 acerca de qué pensaban los ciudadanos de su gobierno, del ejército y cómo mejor combatir el crimen y el narcotráfico. En específico, si los militares debían participar en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. ¿Quiénes tenían mayor probabilidad de apoyar la participación del ejército en tareas de seguridad pública? Utilizando un análisis de regresión logística, encuentro que el nivel socioeconómico, preferencias sobre tipos de regímenes, etnicidad y geografía están asociados a apoyar la militarización de seguridad.

En concreto, preferir un régimen militar sobre uno democrático o revolucionario aumenta la probabilidad de apoyar la militarización en 65 puntos porcentuales. Vivir en la capital incrementa la probabilidad en 122 puntos porcentuales. Ser indígena Maya disminuye la probabilidad en 42 puntos porcentuales. Y, como se puede ver en la Figura 2, moverse de una clase social a otra incrementa la probabilidad en 17 puntos porcentuales.

Figura 1. Probabilidad de apoyar la militarización por nivel socioeconómico

En conjunto, estos resultados sugieren que los guatemaltecos menos propensos a apoyar la militarización a principios de los noventa fueron quienes estuvieron más expuestos a la violencia estatal durante los 36 años de conflicto interno – el terrorismo de Estado se concentró en zonas rurales predominantemente mayas (entre Chimaltenango y Huehuetenango). Aproximadamente 83% de las personas que murieron durante la guerra civil eran mayas. De manera opuesta, miembros de las clases altas de la capital –es decir, aquellos menos expuestos a la violencia estatal– eran los más propensos a apoyar la militarización. Un hombre Maya de la zona rural de Guatemala tenía un 44% de probabilidad de apoyar la participación del ejército en combatir el narcotráfico mientras que un hombre no-indígena de la capital tenía un 87% de probabilidad.

2. México

En 1997 México se encontraba en medio de una transición a la democracia y estaba saliendo de una de las peores crisis económicas en décadas. Más allá de estas grandes transformaciones estructurales, hubo cambios considerables en el área de seguridad. Por un lado, la Policía Federal vivía un proceso de militarización interna, que culminaría con la creación de la Policía Federal Preventiva y, por otro lado, para 1996 el ejército ya participaba abiertamente en operaciones policiacas. La militarización continuó durante el sexenio de Fox (2000-2006) con acciones como el Operativo México Seguro y se intensificó en los siguientes dos sexenios.

Fue durante estos primeros años de militarización, en 1997, que la USIA le preguntó a los mexicanos qué opinaban acerca de la nueva estrategia del gobierno para combatir el crimen y el papel de los militares en seguridad pública. Mientras que 71% confiaba algo o mucho en que los militares hacían lo mejor para el país, apenas 36% decían lo mismo de la policía. En lo referente a permitir que los militares participen en tareas policiacas, el 72% de los mexicanos aseguraron que querían que los militares estuvieran involucrados en seguridad pública. Si bien este porcentaje es bastante alto, es importante mencionar que entre aquellos que contestaron que sí deberían participar en tareas policiacas, apenas 1% contestaron que se sentían muy seguros con su respuesta, 5% algo seguros, 35% poco seguros y 59% nada seguros. Quizás esto esté relacionado a que el 29% consideró que los militares se podrían volver muy poderosos, el 26% que existiría mayor corrupción en las fuerzas armadas, y el 28% mencionó el maltrato a civiles como posibles consecuencias de militarizar la seguridad.

Más allá de este ejercicio descriptivo, el siguiente paso es preguntar quiénes eran los más propensos a apoyar la intervención militar en seguridad pública. Utilizando una regresión logística, encuentro patrones algo diferentes a los antes detallados en Guatemala. En el caso de México, las dos variables que están asociadas a apoyar la militarización son efectividad militar y confianza institucional. Efectividad en este caso se mide por medio de un índice con dos componentes: si los militares son buenos combatiendo el crimen y si son buenos combatiendo el narcotráfico. Confianza institucional también se mide por medio de un índice que incluye confianza en el gobierno federal, en la policía federal, en la policía antinarcóticos, en el sistema judicial y en la policía municipal.

Como se puede ver en la Figura 3, un incremento en una desviación estándar en la percepción de efectividad militar está asociada con un incremento del 279 porciento en la probabilidad de apoyar la militarización. Y, como se ve en la Figura 4, un incremento en una desviación estándar en el índice de confianza institucional disminuye la probabilidad de apoyar la militarización en 25 puntos porcentuales.

Figura 2. Probabilidad de apoyar la militarización por el Índice de Efectividad Militar

Figura 3. Probabilidad de apoyar la militarización por el Índice de Confianza Institucional

3. ¿Quién está a favor y en contra de la (des)militarización hoy?

Es de esperarse que los resultados sobre apoyar o no la militarización se vean diferentes hoy – más si tomamos en cuenta que los niveles de violencia crecieron en ambos países y el ejército se involucró más en seguridad pública. Aunque no se puede hacer un comparativo exacto dado que la USIA no tiene encuestas similares en el siglo XXI, sí podemos utilizar información del Barómetro de las Américas (LAPOP) para hacer un análisis exploratorio. En 2014 se incluyó una pregunta sobre qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban las personas en que las fuerzas armadas participaran en el combate del crimen y la violencia en 12 países latinoamericanos.

Utilizando un modelo multinivel, en el cual se incluyeron factores a nivel país y a nivel individuo que pudieran estar asociados a apoyar la militarización, encuentro patrones similares a los descritos antes. Aproximadamente entre el 2 y 11% de la varianza en apoyar a militarización se puede explicar por diferencias a nivel país, mientras que el 90% se explica por diferencias a nivel individual.

Algunas de las diferencias a nivel individual más llamativas son: (1) nombrar la inseguridad como un problema importante en el país aumenta la probabilidad de apoyar la militarización en 17 puntos porcentuales; (2) ser víctima de un crimen aumenta la probabilidad en 21 puntos porcentuales; (3) apoyar mano dura sobre rehabilitación aumenta la probabilidad en 24.5 puntos porcentuales; (4) un incremento en una desviación estándar en confianza en el ejército aumenta la probabilidad en 28 puntos porcentuales; (5) un incremento en una desviación estándar en que tan satisfecho estás con la labor policial disminuye la probabilidad en 7.3 puntos porcentuales; y (6) como se puede ver en la Figura 4, un incremento en una desviación estándar en dónde te colocas en el espectro ideológico (de izquierda a derecha) aumenta la probabilidad en 4.7 puntos porcentuales.

Figura 4. Probabilidad de apoyar la militarización por identificación ideológica

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Si bien hay mucho más que investigar y analizar sobre este tema, para concluir podemos decir que tanto los resultados del análisis histórico como el análisis más actual indican que el que los ciudadanos favorezcan que los militares se involucren en funciones policiales pasa por un tema de (des)confianza institucional. Por lo que las propuestas de política pública en materia de seguridad deben tomar esto en cuenta. Es probable que dejemos de escuchar reclamos ciudadanos como el descrito al principio de este texto si fortalecemos a nuestras policías y construimos seguridad ciudadana.

 

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