“Les enviamos niños huyendo de la guerra y nos regresaron pandilleros a un país que necesitaba construir la paz” (Carlos Dada, periodista y escritor salvadoreño)
Un reporte reciente de la organización humanitaria médicos sin fronteras estima que cada año 500 mil centroamericanos cruzan México, muchos de ellos con el fin de llegar a Estados Unidos. Hoy en día la violencia es la principal causa del éxodo centroamericano. Gran parte de esa violencia esta generada por dos pandillas: La MS 13 y el Barrio 18. En los territorios que dominan no solo imponen el terror a través de los homicidios, sino también a través de extorsiones, la violencia sexual e impedimentos para la movilidad física de los habitantes.
Dentro de un discurso que muchas veces pinta a los refugiados como una amenaza más que como víctimas, hay un aspecto que ha sido largamente ignorado: la violencia pandillera se originó no en Centroamérica sino en las calles de Estados Unidos y fue exportada a Centroamérica a través de las políticas de deportaciones del país norteamericano. Con el Illegal Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act – la ley que facilitó la deportación de migrantes a partir de 1996 – los Estados Unidos empezaron a enviar a un gran número de migrantes con antecedentes penales hacía sus países natales.
Hay un contagio de la violencia siguiendo las rutas migratorias
En una reciente investigación, he estudiado el origen de las pandillas en El Salvador. El país centroamericano cuenta con 1.2 millones de migrantes – una quinta parte de sus 6 millones de habitantes. Es un caso particularmente relevante para estudiar los efectos que han tenido las deportaciones de convictos en sus países natales. Entre 1997 y 2015, El Salvador recibió a 244 mil deportados, de los cuales 90 mil– una tercera parte – tenían antecedentes penales. Eso corresponde a 1.5 por ciento de la población salvadoreña.
Fuente: US Homeland Security. Statistical Yearbooks
Investigaciones periodísticas han relacionado las deportaciones de pandilleros con el crecimiento de las pandillas en Centroamérica. Según estos, muchos de los niños que habían huido de la Guerra Civil Salvadoreña entre el gobierno militar y guerrillas marxistas entre 1980 y 1992 regresaron como pandilleros a un país que ya no conocían. Al regresar a su país de nacimiento, enfrentaron un fuerte estigma social, encontraban pocas oportunidades de empleo, y terminaban haciendo lo que aprendieron en las calles y en las cárceles de las ciudades norteamericanas donde crecieron. Cayeron en tierra fértil en un país que tenía poca capacidad de controlar su expansión y que recibió poca información de las autoridades estadounidenses sobre las personas que estaban llegando.
¿Pero podemos estar seguros de que la expansión de las pandillas fue causada por las deportaciones? ¿O, más bien, las pandillas siguen una larga tradición de violencia en países afectados por conflictos sociales y guerra y simplemente copiaron los hábitos, patrones y costumbres que vieron en EEUU?
La historia migratoria y la evolución de la violencia en el Salvador puede dar una pista sobre la chispa que encendió la violencia pandillera y permite sustentar con datos duros la evidencia anecdótica y periodística que se tiene. Igual que los epidemiólogos que rastrean las rutas de contagio de enfermedades infecciosas, se puede rastrear el origen de la violencia, siguiendo las rutas migratorias de los salvadoreños.
Las regiones de El Salvador que más sufren de la violencia pandillera son aquellas con tasas más altas de expatriados que fueron deportados por contar con antecedentes penales.
Las pandillas no tienen presencia en todo el país. Más bien, el aumento de tasas de homicidios está relacionado con patrones migratorios y las deportaciones. Las regiones de El Salvador que más sufren de la violencia pandillera son aquellas con tasas más altas de expatriados que fueron deportados por contar con antecedentes penales.
¿Cuál es la razón? Los EEUU empezaron a deportar pandilleros convictos a mediados de los años 1990. Estos hijos de los migrantes salvadoreños de la primera generación habían crecido en las zonas urbanas marginalizadas de ciudades norteamericanas (principalmente, Los Ángeles y la zona conurbada de Washington DC), en un ambiente de presencia pandillera. Luego de ser deportados, las tasas de homicidios se dispararon en sus municipios natales. Lo mismo no ocurrió en municipios cuyos migrantes fueron menos expuestos a la violencia en las ciudades de destino.
Exista una relación sistemática y causal entre el retorno de convictos y las tasas de homicidios en países de origen
Muchos dirán que El Salvador es un caso específico que no puede generalizarse. En una investigación reciente con David Leblang de la Universidad de Virginia buscamos evidencia sistemática sobre la relación entre deportaciones y violencia en países de origen, explorando datos de más de 120 países para el periodo de 2004 hasta 2015. Medimos si la entrada de convictos retornados de EEUU tiene un efecto estadísticamente significativo sobre las tasas de homicidio en sus países de origen.
En promedio, el retorno de 10 convictos por 100 mil habitantes explica alrededor de dos homicidios adicionales por cada 100 mil habitantes.
Los resultados son alarmantes. Encontramos que, en promedio, el retorno de 10 convictos por 100 mil habitantes explica alrededor de dos homicidios adicionales por cada 100 mil habitantes. Es importante notar que solo vemos un efecto para la deportación de convictos. No observamos el mismo efecto para deportaciones de migrantes sin antecedentes penales.
Para ilustrar la magnitud del efecto, considere el caso de Honduras. Honduras fue uno de los países más violentes del mundo en 2012, con una tasa de 92 homicidios por 100 mil habitantes. Honduras también recibió la más alta tasa de deportados convictos este mismo año: 162 por 100 mil habitantes. Es decir, nuestro modelo estadístico asigna aproximadamente una tercera parte de los homicidios en este año a la entrada de deportados con antecedentes penales.
Nuestros resultados son más claros para los países de Latinoamérica y el Caribe. Dos razones explican eso: Primero, las deportaciones son más relevantes para Latinoamérica en términos cuantitativos. Casi el 90% de todas las deportaciones de EEUU fueron hacia Latinoamérica y el Caribe. Segundo, las deportaciones de convictos parecen caer en tierra fértil en muchos países latinoamericanos: los migrantes regresan hacia países donde sus oportunidades sociales y económicas están limitadas. También regresaron hacía una región con un legado histórico de conflictos sociales, altas tasas de violencias, y dificultades a la hora de hacer cumplir la ley.
Las deportaciones alimentan un nuevo ciclo migratorio en Centroamérica
Centroamérica ha visto tres ciclos migratorios en las últimas décadas. En los años 1980s, los migrantes huyeron de guerras civiles entre gobiernos militares y movimientos guerrilleros. En los 1990s y 2000s, los flujos migratorios fueron dominados por centroamericanos escapando de la pobreza y la falta de empleo. Hoy, somos testigos de un nuevo ciclo migratorio que responde a altas tasas locales de violencia. Tenemos evidencia de que esta violencia ha sido alimentada por las deportaciones de migrantes con antecedentes penales en EEUU.
Esta observación tiene importantes implicaciones en términos de política pública. Por un lado, la política de deportaciones de los EEUU tiene un alto costo en los países de origen y afecta a las partes más vulnerables de la sociedad, entre ellos los niños. Por otro lado, las deportaciones son contraproducentes en frenar la migración. Al contrario: la exportación de violencia a través de las deportaciones está alimentando un nuevo ciclo migratorio al desestabilizar países que ya sufren de altas tasas de conflicto y exclusión social. También corren el peligro de transnacionalizar el crimen y hacer posible su difusión hacía países vecinos e incluso de regreso hacia los EEUU. El caso más alarmante son las pandillas centroamericanas que se han convertido en una preocupación regional.
Pese a todas estas implicaciones, la represión de la migración y las deportaciones responden a una lógica de política doméstica y electoral en EEUU. Por eso, en un futuro cercano, es poco probable que el gobierno cambie su política con respecto a las deportaciones. Centroamérica va a tener que lidiar con la entrada de deportados con antecedentes penales que aterrizarán en países en condiciones precarias y con pocos recursos para facilitar la integración social y económica de los retornados. Al mismo tiempo, la migración como válvula de escape para los centroamericanos se hace cada vas más difícil, costosa y peligrosa.
Lo que requiere la tragedia que vive Centroamérica es un verdadero pacto social y económico entre los países de la región – EEUU, México y Centroamérica – con tres pillares: ofrecer posibilidades de migración legal y de asilo para la población más vulnerable a la violencia, un proyecto económico viable que ofrezca oportunidades de empleo y mayor inclusión social para los ciudadanos centroamericanos, y tercero, un fortalecimiento institucional del estado para enfrentar la violencia. Sin embargo, el anuncio de Donald Trump de cortar la ayuda para Centroamérica y de cerrar sus fronteras hace exactamente lo contrario a eso.
Este artículo es una adaptación de artículos que previamente aparecieren en inglés en el Washington Post y The Crime Report.
Parte de la investigación ha sido trabajo conjunto con David Leblang (@realDLeblang), profesor de políticas públicas en la Universidad de Virginia.