Seguridad pública y militarización

Gustavo A. Flores-Macías
Gustavo A. Flores-Macías

Profesor Asociado, Departamento de Gobierno de Cornell University

¿Cuáles son las consecuencias de militarizar la seguridad pública? La respuesta a esta pregunta es clave para informar el debate sobre la mejor manera de reducir los índices de criminalidad. Esta pregunta es relevante no solo para México, sino también para el resto de América Latina y el mundo desarrollado. En el caso de México, la respuesta puede servir para evaluar la propuesta del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la creación de una Guardia Nacional con elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina.

Aquí la respuesta: la mayoría de los estudios académicos (aunque no todos) coincide en que la militarización no resulta en la disminución de los índices de criminalidad, sino que, por el contrario, contribuye a aumentar los niveles de violencia.

1. ¿Por qué recurrir a las fuerzas armadas?

Los gobernantes recurren a las fuerzas armadas por varias razones. A veces el motivo principal es dar legitimidad o apuntalar a un gobierno débil. Otras veces los líderes son militares o ex-militares y les resulta natural echar mano del ejército. Por lo general, los gobiernos recurren a las fuerzas armadas cuando existe la percepción de que las policías civiles están rebasadas.

Sobre todo cuando los índices de criminalidad suben y los niveles de violencia aumentan, los gobiernos se apoyan en las fuerzas armadas por su disciplina, estructura jerárquica, mejor armamento y menor proclividad a corromperse. Además, el uso del ejército para tareas de seguridad pública normalmente cuenta con niveles altos de aprobación entre la ciudadanía. Esto hace a la militarización una opción políticamente conveniente y expedita, comparada con la alternativa de invertir en el lento (y nada sexy) proceso de reformar las policías.   

2. ¿Funciona la militarización?

Contrario a estas expectativas, existen varios estudios que concluyen que involucrar a las fuerzas armadas resulta contraproducente porque aumenta los niveles de violencia sin reducir la incidencia del crimen. Algunos estudios se enfocan en casos donde las policías adoptan tácticas, armamento y equipo propios del ejército, como en Estados Unidos bajo el llamado Programa 1033. Otros se enfocan en el caso brasileño, donde las fuerzas armadas frecuentemente apoyan a las autoridades civiles cuando buscan retomar el control de ciertos barrios o favelas.  Algunos más se enfocan en el caso mexicano, donde las fuerzas armadas se han convertido en el principal brazo del Estado para hacer frente al crimen organizado.

Evaluar las consecuencias de la militarización no es fácil. Por ejemplo, las fuerzas armadas normalmente son enviadas a hacer frente a las situaciones más complejas. A menudo esto significa enfrentarse a las bandas criminales más sanguinarias en los lugares más remotos e inhóspitos. Si observamos niveles de violencia más elevados donde operan las fuerzas armadas, podríamos concluir de forma errónea que esto se debe a la militarización en vez de la mayor dificultad del contexto donde operan.

Involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública contribuyó al aumento súbito de crímenes violentos

Sin embargo, existen estrategias para resolver este problema y evaluar correctamente las consecuencias de la militarización. Por ejemplo, una estrategia busca comparar las acciones del ejército con las de la policía en contextos similares, para que el nivel de dificultad no influya, de forma incorrecta, en las conclusiones. Otra estrategia implica seguir en el tiempo los niveles de violencia en las áreas donde opera el ejército y en donde no, antes y después de la militarización. Esto nos permite ver si la tendencia de niveles de violencia se interrumpe en las áreas donde ahora opera el ejército.

En mi propia investigación, donde empleo éstas y algunas otras estrategias para evaluar las consecuencias de la militarización en México, encuentro que involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública contribuyó al aumento súbito de crímenes violentos, tales como homicidios y secuestros. Además, también encuentro evidencia del deterioro de la recaudación fiscal donde el ejército ha tomado el control de la seguridad pública.

3. ¿Por qué aumenta la violencia con el ejército?

Las fuerzas armadas son entrenadas para abrumar y destruir al enemigo, en vez de buscar la resolución de situaciones de conflicto con el mínimo uso posible de la fuerza. Sus tácticas de operación responden a esta lógica bélica, en vez de una lógica de protección ciudadana que dé prioridad a los derechos humanos y las garantías individuales. Los soldados también emplean armas de alto calibre diseñadas para maximizar el daño (por ello normalmente están reservadas para uso exclusivo del ejército).

Cuando el ejército enfrenta al crimen organizado con el uso máximo de la fuerza, se generan incentivos para que estos grupos respondan de la misma manera

El uso desmedido de la fuerza por parte del ejército también conduce al crimen organizado a escalar los niveles de violencia. Cuando el ejército enfrenta al crimen organizado con el uso máximo de la fuerza, se generan incentivos para que estos grupos respondan de la misma manera para sobrevivir. El resultado son organizaciones criminales que se adaptan adquiriendo armamento más destructivo, desarrollando tácticas bélicas similares a las del ejército y entrenando a sus miembros para también abrumar y destruir al enemigo. Esta es una estrategia de supervivencia muy racional, que a su vez genera incentivos para que el ejército (y las bandas rivales) respondan de forma todavía más violenta, generando un círculo vicioso.

Una de las consecuencias no anticipadas de dicha escalada de violencia es la disminución de la recaudación fiscal, ya que la violencia afecta la actividad comercial y disminuye la disposición de la ciudadanía a pagar impuestos.

Lo anterior no significa que los niveles de violencia y la recaudación fiscal no se hubieran deteriorado sin la intervención del ejército. Tampoco significa que las policías sean efectivas en el combate al crimen o respetuosas de los derechos humanos y las garantías individuales. Y menos significa que el ejército sea el único responsable del aumento de la violencia. Lo que esto significa es que la militarización ha contribuido al deterioro de la seguridad pública, comparado con una estrategia sin militarización como la que prevalecía en México antes del 2006.

4. ¿Qué podemos aprender para el debate sobre la Guardia Nacional?

El Presidente López Obrador ha propuesto crear una Guardia Nacional vinculada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para formar la Guardia Nacional se incorporarían policías militares del Ejército y la Marina, además de algunos elementos de la Policía Federal (la cual sería desmantelada). El plan contempla dividir al país en 266 unidades territoriales, donde la Guardia Nacional operaría en cada una bajo mando castrense.   

Dicha propuesta responde al diagnóstico de la gravísima situación de seguridad pública por la que atraviesa el país. Con más de 27,000 homicidios en los primeros 10 meses del año, el 2018 será el año más violento desde 1990 (el primer año de la serie estadística que publica el gobierno). A este paso, es muy posible que el país supere la cifra record del año anterior de 32,000 homicidios, lo que equivale a una tasa de 25 por cada 100,000 habitantes. En la última década se han registrado más de 233,000 homicidios y decenas de miles de secuestros y personas desaparecidas.

El vínculo castrense, el tipo de armamento y el entrenamiento y tácticas militares de una buena parte de la Guardia Nacional serían muy similares a los factores que han sido identificados como responsables del aumento de la violencia

A pesar de la urgencia para resolver esta situación y de la popularidad de la que goza la militarización de la seguridad pública, la evidencia científica sugiere que esta estrategia no resolverá el problema de la seguridad pública y sí contribuirá a mantener elevados los niveles de violencia en el país. Aunque la Guardia Nacional propuesta no sea lo mismo que el ejército en sentido estricto, el vínculo castrense, el tipo de armamento y el entrenamiento y tácticas militares de una buena parte del personal serían muy similares a los factores que han sido identificados como responsables del aumento de la violencia.

He escuchado dos objeciones principales a esta conclusión. La primera es que el personal de la Guardia Nacional recibirá instrucción sobre la labor policiaca y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, aunque es posible que los soldados se vuelvan cada vez más como policías en este sentido, el adoctrinamiento y entrenamiento militar no serán fáciles de revertir.

La segunda objeción es que, como las policías están rebasadas, resultaría suicida retirar al ejército de las calles. Ante esta posibilidad, me parece adecuado poner atención a la manera en que se adoptan las política públicas. Las conclusiones de los estudios no sugieren que el ejército debe regresar a los cuarteles de súbito, pero sí sugieren que no debe sorprender a nadie si la situación continúa igual o peor mientras no se haga un esfuerzo serio para reformar las policías. Aunque tome tiempo, se requiere una verdadera política de estado para la formación de policías efectivas y la generación de condiciones para que puedan tener éxito en sus funciones.

De lo contrario, en el mejor de los casos seguiremos perdiendo tiempo y recursos valiosos generando pobres resultados. En el peor, estaremos entregando al ejército la conducción del país sobre una carretera donde difícilmente habrá vuelta en U.

 

 

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