El éxodo de venezolanos como resultado de la crisis económica, social, política y humanitaria en el país fue el principal reto migratorio de las Américas en 2018. Bien sea para el caso del sistema migratorio de venezolanos, o para el de otros países,[1] la migración es un fenómeno hemisférico, que toca a todos los países de la región bien sea como países de origen, de tránsito, de destino o de retorno. Mientras que los esfuerzos por ayudar a Venezuela deben continuar, los países de la región también deben ocuparse de los venezolanos desplazados, de las comunidades en sus países que los están recibiendo, y en prepararse para la llegada de nuevas olas migratorias.
La migración genera retos, pero también oportunidades, y con políticas públicas efectivas podrán capitalizarse los beneficios del fenómeno. Una agenda positiva de trabajo a nivel regional debe considerar acciones de política pública en el corto, mediano y largo plazo. ¿Bajo qué marcos conceptuales y jurídicos debemos entender esta migración? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles las oportunidades?
1. El desplazamiento venezolano es uno de los más grandes jamás vistos en la región
Volumen, velocidad y diversificación de los países de destino son las tres principales características del éxodo masivo de venezolanos a otros países de la región. Tres características que también lo convierten en uno de los desplazamientos más grandes jamás vistos en la región. Según lo informado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hoy más de tres millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar el país, de los cuales el 90% reside en países de América del Sur, siendo Colombia, Perú y Ecuador los que más han recibido los flujos.
Con más de tres millones de desplazados, Venezuela está por encima de Afganistán, Myanmar, Somalia y Sudán del Sur en términos de los niveles más altos de desplazamiento en todo el mundo. En este sentido, los venezolanos representan más del 11% del desplazamiento diario mundial y son ya el 5% del total de desplazados usando las estimaciones de OIM y ACNUR (3 millones de 68,5 millones). Igualmente, por la cercanía geográfica y cultural, y por los nexos familiares que con frecuencia son incentivos para generar desplazamiento, Colombia se ha convertido en el principal destino de los venezolanos, pero otros países también reciben importantes flujos, tal como se sistematiza en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Número (miles) de venezolanos en países de las Américas, 2018: estimaciones.
| Países | Numero de venezolanos, 2018 | Número de Aplicaciones de Asilo, 2018 |
| Argentina | 150,000 venezolanos | 1,632 |
| Brasil | 95,000 venezolanos | 65,846 |
| Colombia | 1,200,000 venezolanos | 2,057 |
| Ecuador | 250,000 venezolanos | 11,379 |
| Chile | 100,000 venezolanos | 2,915 |
| México | 40,000 venezolanos | 7,000 |
| Panamá | 90,000 venezolanos | 7,122 |
| Perú | 60,000 venezolanos | 156,700 |
| Estados Unidos | 350,000+ venezolanos | 72,722 |
Fuente: preparado para este articulo con datos de la OIM y ACNUR, 2018.
2. Los países receptores no están preparados para hacer frente a los desafíos humanitarios
En el corto plazo, es vital procurar el acceso de estas poblaciones desplazadas a servicios de salud, alimentación adecuada y opciones de albergue dignas asegurando así su estabilización. Esta estabilización en las comunidades de acogida también permitirá proteger sus derechos humanos.
Sin embargo, debido al volumen de los flujos, y al ser muy recientes, los países de la región no están preparados para recibir a esta gran población desplazada ni tampoco para hacer frente a los desafíos humanitarios que representa la situación. Esto es especialmente preocupante considerando las precarias condiciones de salud con las que llegan. Los resultados del RAMV realizado en Colombia durante 2018 indicaron que la salud, junto con la inseguridad alimentaria, fueron los principales desencadenantes de la migración venezolana.
Las condiciones de salud e inseguridad alimentaria en que están llegando la mayoría y las presiones que generan en los sistemas de protección social nacionales –ya de por si sobrepasados–, dificultan aún más cubrir las necesidades de los venezolanos. En términos de salud, estos flujos masivos están ejerciendo presión sobre los sistemas sanitarios de los países receptores que deben poner a disposición infraestructura y personal médico para tratar a los migrantes y refugiados, así como los medicamentos y suministros médicos a los que esta población no tiene acceso.
La solidaridad tiene un costo sin duda. Cubrir estas necesidades humanitarias también representa costos adicionales para los presupuestos nacionales de los países receptores. Colombia ha propuesto la creación de un Fondo Humanitario Multilateral donde pueda concentrarse la cooperación financiera para acoger a estos migrantes y refugiados. Esta es una solución para poder subsanar esos costos. También se ha discutido la posibilidad de facilitar a estos países el acceso a Bonos de Refugiados de forma que puedan disponer de financiamiento para el desarrollo de infraestructura, programas y proyectos para beneficiar directamente a las poblaciones desplazadas, y a las comunidades que las reciben.
3. La regularización migratoria es fundamental para la inclusión
Dado el deterioro de las condiciones económicas, sociales y políticas en Venezuela, es probable que la crisis migratoria no se detenga. Esto generará retos de corto plazo en la estabilización de esta población, pero también a mediano y largo plazo al requerir por parte de los países receptores una efectiva inclusión social y productiva de esta población.
Como plantea el Pacto Global para la Migración, la regularización es un paso fundamental hacia la inclusión de la población migrante. Los países de la región deben entonces continuar considerando opciones de regularización migratoria para reducir los niveles de migración irregular.
Por ejemplo, al llegar a los países de destino, los venezolanos pueden optar por adherirse al status de migrante o al de refugiado, entre otras opciones de visas. Cada país tiene su sistema legal que establece los tipos de status. Esto implica una serie de procedimientos y costos para lograr esta regularización, que de hecho es la puerta de entrada para su integración en la sociedad receptora. Los países receptores deberían tomar medidas para facilitar aún más el proceso de regularización del status migratorio y armonizar las normas y procedimientos de cara a atender esta crisis humanitaria.
Otro reto asociado a la falta de acceso a documentos de identificación adecuados que están enfrentando los países receptores es un potencial aumento de casos de trata de personas y tráfico de migrantes a lo largo de sus fronteras. Esto representa un enorme desafío de seguridad al potenciar el accionar del crimen organizado y de ciertos delitos asociados a los sistemas migratorios que no son ordenados y regulares.
Además, la migración de los venezolanos, pero también la masiva movilidad de los centroamericanos (hacia fuera o entre países), exige una nueva revisión de los actuales conceptos y marcos jurídicos internacionales de protección. ¿Con qué marcos y conceptos operamos en la actualidad? Estos varían si hablamos de migrantes o de refugiados. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, migrante es “cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia”.
En contraste, el término refugiado, según el artículo 1ª de la Convención Internacional de los Refugiados de 1951, se refiere específicamente a “una persona que se encuentra fuera del país de donde es originario, o bien donde reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas en su país de origen, y que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para poder volver.” En este último caso, el desplazamiento es forzado (no voluntario) y asociado a razones de persecución.
En 1984, diez países latinoamericanos dieron un paso importante al aprobar en la ciudad de Cartagena, en Colombia, una Declaración que expande la definición de refugiado establecida por la Convención del 51 con el fin de generar condiciones de protección a personas en situación de vulnerabilidad. La Declaración de Cartagena de 1984 incluye también a aquellas personas que “han huido de su país porque sus vidas, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público” en sus países de origen.
La aplicación de la Declaración de Cartagena para el caso de venezolanos desplazados pudiera ser el primer “paso de forma” para poder otorgar protección a aquellas personas en situación de movilidad humana que no caen directamente bajo el estatus de migrante o de refugiado, en estricto apego a la Convención de 1951. Más allá de los marcos legales temporales que han posibilitado la acogida de venezolanos en varios países de la región, la Declaración de Cartagena pudiera plantear las condiciones para acoger en condición de refugiados a los venezolanos que se han visto forzados a desplazarse debido a la vulneración de sus derechos, bien sea políticos, civiles, económicos y/o sociales, y a la falta de acceso a beneficios básicos de protección social (salud, alimentación, educación, entre otros) debido a la crisis social, política, económica y humanitaria que ha perturbado el orden público en ese país. Sin embargo, esta discusión va más allá de la situación de los venezolanos, y es algo que la región en su conjunto tiene que abordar eventualmente: como garantizar las necesidades de protección de aquellas personas que no son ni migrantes ni refugiados en sentido estricto. Este debate debe ser respetuoso de los marcos legales nacionales al tiempo que debe proveer una respuesta regional a un problema que se está dando en muchos países latinoamericanos cuando quienes emigran no pueden acogerse fácilmente a estas categorías, pero a la vez requieren protección internacional.
4. Retos y oportunidades para la inclusión productiva
En el mediano y largo plazo, debe priorizarse la adopción de políticas públicas que permitan aprovechar los beneficios de la migración en beneficio de las comunidades receptoras. Para ello, los países receptores deben considerar políticas de inserción laboral y de generación de emprendimientos para aprovechar ese talento humano en beneficio del crecimiento de sus economías.
La no regularización de los migrantes y refugiados venezolanos genera al menos dos consecuencias que deben ser motivo de preocupación. Por un lado, dificulta su acceso al empleo formal, lo que lleva a un aumento de la informalidad, que termina afectando la economía del país de destino. Por otro lado, la informalidad puede dar lugar a nuevas violaciones de los derechos humanos, como, por ejemplo, el abuso por parte de los empleadores, la entrada en las redes de prostitución de mujeres, niños y niñas migrantes, entre otros.
Los países receptores deben considerar políticas de inserción laboral y de generación de emprendimientos para aprovechar ese talento humano en beneficio del crecimiento de sus economías. Idealmente, los países de la región podrían considerar la posibilidad de otorgar un permiso de trabajo automáticamente a los ciudadanos venezolanos/as que soliciten asilo o residencia temporal desde el momento de la solicitud. De la misma manera, deberían considerarse los programas de inclusión laboral, emprendimiento y capacitación en habilidades que permitan a los venezolanos generar una remuneración propia que les ayude a desarrollar sus vidas con autonomía económica y no dependiendo de la ayuda externa o la caridad (algo que los propios venezolanos rechazan).
En este punto, es vital generar esquemas eficientes de homologación de títulos académicos para aprovechar ese capital humano que es elevado. En efecto, según un reciente informe sobre la migración venezolana, al menos 60% de los venezolanos/as migrantes tienen estudios universitarios. La gran mayoría también cuenta con experiencia laboral; todo esto puede ser aprovechable por el país receptor y potenciar así los beneficios de la migración venezolana.
5. Inclusión social: Xenofobia y discriminación
Aunque la migración es un fenómeno positivo, uno de los efectos indeseables es la xenofobia y la discriminación. Lamentablemente, los venezolanos han sufrido manifestaciones públicas y agresivas de xenofobia en los países de acogida. Es por tanto una necesidad urgente trabajar contra la discriminación hacia los venezolanos/as, a través de campañas de comunicación pública, generadas desde los estados, basadas en la empatía y la solidaridad utilizando la comunicación masiva y las redes sociales, y resaltando las contribuciones positivas de esta migración a los países receptores.
La migración añade también diversidad cultural y pluralismo, y son estos aspectos los que deben resaltarse del fenómeno migratorio. Eventualmente, esta diáspora también empezará a cumplir un rol en la reconstrucción de Venezuela. La experiencia de migrar y el capital humano desarrollado será clave en este proceso.
* Las opiniones son personales y no representan la posición de la OEA.
[1] Los principales sistemas migratorios en las Américas incluyen: (1) el de nacionales de países del Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, y Honduras) hacia el Norte, (2) el de nacionales de Nicaragua hacia Costa Rica, en mayor medida, así como otros países de la región, y (3) el de venezolanos principalmente hacia países de Suramérica.