Por más de una década, una y otra vez, los mexicanos hemos escuchado distintas cifras de homicidios, desapariciones, desplazados, entre otros tipos de fenómenos de violencia. En un principio, las cifras reportadas en los medios de comunicación iban acompañadas de una historia o al menos un recuento de los hechos y lugares de ocurrencia. Sin embargo, el bombardeo de cifras pronto terminó normalizándose. Los medios se vieron rebasados en la capacidad de proveer detalle de cada caso. Conforme incrementó la violencia, los periódicos nacionales incluso publicaron “ejecutómetros” de manera periódica en los que se llevaba el conteo de las víctimas acumuladas cada semana. Fue justo entonces cuando surgió en México un nuevo fenómeno de movilización contra la violencia, encabezado por las mismas víctimas y sus familiares y que exigían, entre muchas otras cosas, no ser catalogados como simples cifras, sino como vidas con un nombre, un apellido y una historia; merecedoras de respeto, valor y dignidad.
Tal valoración y entendimiento de las víctimas y sus familiares, sin embargo, han sido tareas sumamente complicadas en nuestro país, particularmente ante un discurso político en el que ha permeado la criminalización de las víctimas y que ha resonado ampliamente entre la opinión pública. Poco a poco, los estudios académicos recientes sobre la violencia criminal han empezado a mirar de manera más específica a las víctimas, buscando entender cuáles son las implicaciones de tales experiencias directas con la violencia criminal, más allá de cualquier percepción o valoración subjetiva sobre la inseguridad pública. ¿Qué sabemos al respecto? ¿Qué entendimiento tenemos de la victimización criminal?
Entornos violentos, percepciones y victimización
En términos generales, los trabajos de criminólogos, sociólogos y politólogos, entre otros especialistas, han estudiado las causas y consecuencias de la violencia criminal desde distintas aproximaciones, midiendo: (1) niveles de miedo; (2) percepciones de seguridad; (3) entornos de violencia y (4) experiencias directas con el crimen. Cada una de estas medidas atiende dimensiones diferentes y tiene, por tanto, distintas implicaciones. Las primeras dos medidas suponen valoraciones más subjetivas de la violencia, mientras que (3) y (4) son aproximaciones más objetivas.
El miedo tiene una naturaleza emotiva. En cambio, las percepciones de seguridad o riesgo implican un juicio cognitivo ya que, en cierta medida, involucran una evaluación sobre las tasas de delincuencia y la probabilidad de victimización. Por su parte, el entorno de violencia se puede medir de distintas maneras, aunque usualmente se utilizan las tasas de homicidios locales por su carácter más objetivo y comparabilidad de un lugar a otro. Finalmente, las preguntas sobre experiencias directas con el crimen buscan capturar el fenómeno de victimización, aunque usualmente solo se centran preguntar por la exposición de la persona a distintos delitos, sin profundizar más allá en dicha experiencia.
Resulta particularmente importante ahondar de manera específica en lo que implica ser víctima y las consecuencias que eso conlleva.
Si bien todas estas mediciones buscan aproximarse al fenómeno de la violencia criminal y lo que implica desarrollarse y convivir en un contexto violento, cada una captura dimensiones distintas. Resulta particularmente importante ahondar de manera específica en lo que implica ser víctima y las consecuencias que eso conlleva. Tal ejercicio no solo nos permitiría dejar de lado todos los estereotipos que la victimización criminal ha acarreado a lo largo de la última década—como parte de un discurso político y de múltiples fallas institucionales—sino que además nos permitiría desarrollar políticas públicas más adecuadas para su atención e inclusión en la sociedad.
El proceso de victimización
Moncada ha ido más allá de la pregunta básica de victimización para adentrarse al entendimiento de la experiencia con el crimen. Con base en un análisis exhaustivo de los procesos de extorsión en Colombia, el autor explica cómo ser víctima no se define por un hecho de ocurrencia única (i.e. el delito experimentado), sino de un proceso interactivo tanto con el(los) delincuente(s) como con el entorno en el que se genera el acto criminal. Así, no solo se trata de lo que materialmente busquen o puedan dominar los delincuentes, sino también de una dominación social y política que éstos ejercen para humillar, insultar, coartar la dignidad del otro o deslegitimar sus necesidades. Estas estrategias de dominación afectan las interacciones diarias de la víctima y, por lo tanto, la posibilidad de superar dicho estatus.
En este sentido, el trabajo de Gallagher documenta cómo las instituciones judiciales también pueden ser parte de dichas prácticas de dominación. Aprovechándose de las estrategias criminales que debilitan a las víctimas en lo material, lo social y lo político, las instituciones judiciales tienen la capacidad de revictimizar a los ciudadanos, culpándolos de su propia situación, negándose al diálogo y/o cerrando el acceso a la información. Múltiples reportajes periodísticos en México han dado cuenta del peregrinaje de las víctimas a través del sistema judicial que por años les ha negado verdad y justicia e incluso continúa abusando de ellas (Turati y Rea; Rea; Martínez).
La victimización no es la simple experimentación de un delito, sino la experiencia más extendida de inmovilización, desamparo y pérdida de respeto y dignidad
De esta manera, la victimización no es la simple experimentación de un delito, sino la experiencia más extendida de inmovilización, desamparo y pérdida de respeto y dignidad. Los derechos de las víctimas de la violencia criminal no solo quedan mermados en un momento dado, sino de manera continua, tanto por interacciones reiteradas con los delincuentes (como ocurre frecuentemente en casos de extorsión) como con las mismas autoridades que se aprovechan de su vulnerabilidad. Las reacciones de las víctimas, por lo tanto, no están guiadas simplemente por el delito experimentado, sino por la manera en que éste trastoca de manera mucho más profunda sus vidas, en lo personal, lo social y lo político. Sin un entendimiento más amplio de estas múltiples dimensiones de la experiencia de victimización no es posible entender tanto sus consecuencias, como la forma en que este fenómeno debe ser atendido desde un punto de vista de política pública.
Las víctimas y la política
Uno de los primeros hallazgos en la literatura de ciencia política sobre los efectos políticos de la victimización criminal se refiere al apoyo disminuido de las víctimas a la democracia, así como su menor confianza y apoyo a las instituciones y sistema político, en paralelo con un mayor apoyo a políticas de mano dura, en comparación con aquellos que no han experimentado de manera directa un delito. A su vez, se ha encontrado que las víctimas tienden a participar menos en las elecciones, lo cual dificulta su posibilidad de castigar o premiar a los políticos por su desempeño en materia de seguridad—a pesar de que su visión y experiencias deberían ser tomadas en cuenta por los políticos de manera prioritaria—además de abrir más espacios para la captura criminal del Estado.
Una noción simplista de lo que implica ser víctima no nos permitiría comprender estos primeros resultados en su totalidad. Podríamos asumir simplemente que las víctimas están enojadas, son egoístas o que simplemente ya estaban alejadas de la vida política. Sin embargo, ese mismo proceso estrategias de dominación a las que refiere Moncada ayudan a explicar estos hallazgos.
En primer lugar, es a las víctimas a quienes más les ha fallado el Estado, el cual ha sido incapaz de cumplir con su función más básica y primordial como la provisión de seguridad. En segundo lugar, en contextos como el mexicano, donde las instituciones de justicia no solo no tienen la capacidad, sino que además carecen de la voluntad de atender a las víctimas con pleno respeto a su dignidad humana, la insatisfacción y desconfianza institucional crece, particularmente entre este grupo con mayores y urgentes necesidades de atención. Por lo tanto, como se señaló anteriormente, la victimización no es un hecho de ocurrencia única, sino un proceso continuo que reitera las vejaciones de los delincuentes y el abandono de las autoridades.
Si bien el continuo estado de indefensión de las víctimas las ha conducido a restaurar y reinventar sus mecanismos de participación y vinculación política, es preciso enfatizar la necesidad de seguir fortaleciendo las vías institucionales para así llenar sus vacíos
Ante este descontento, resulta natural el alejamiento de las víctimas de la esfera institucional. Desafortunadamente, esto puede restarle voz a sus reclamos justo cuando deberían escucharse en lo más alto. Sin embargo, es entonces cuando la vía no-electoral surge como un camino más atractivo para alzar la voz. Son las víctimas—más que las no-víctimas—quienes se han activado y movilizado en las calles para expresar sus distintas necesidades (Bateson; Ley), además de organizarse con sus vecinos para protegerse de la violencia. Si bien el continuo estado de indefensión de las víctimas las ha conducido a restaurar y reinventar sus mecanismos de participación y vinculación política, es preciso enfatizar la necesidad de seguir fortaleciendo las vías institucionales para así llenar sus vacíos, además de garantizar la atención misma de las víctimas.
La atención de las víctimas es fundamental en todo proceso de administración de justicia. En un estudio en curso con Sarah Berens (University of Cologne) y Melina Altamirano (El Colegio de México), encontramos que, a pesar de dichos vacíos y debilidades institucionales, las víctimas exigen—con todo derecho—un papel activo del Estado en la atención de necesidades sociales básicas. Es decir, no por alejarse de la vía electoral, las víctimas se han olvidado de que una de las funciones básicas del Estado incluye también la provisión de seguridad social. Y es que con el proceso de victimización surgen múltiples nuevas necesidades materiales, físicas y emocionales: a) costos inmediatos, como la contratación de servicios legales o restauración de propiedad robada o dañada; b) atención médica, desde rehabilitación y medicamentos hasta gastos funerarios prematuros; c) atención de salud mental por parte de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales; y d) costos de productividad, como la pérdida de salarios y días de trabajo de las víctimas y sus familias, además de pérdidas de productividad a largo plazo, en caso de lesiones o mutilaciones. Estas necesidades reiteran la dominación social que la victimización implica y que no puede ser restaurada simplemente con justicia legal, sino que requiere también de justicia social. Curiosamente, encontramos también que quienes no han sido víctimas directas de la violencia criminal buscan que el Estado tenga un papel redistributivo más pequeño, posiblemente empujando a las víctimas a acudir a instancias informales (e.g. familia, iglesia) para la atención de necesidades básicas.
México ante las víctimas
En México, los números de víctimas continúan incrementándose día tras día. Pero más allá de esos números, preocupa la complejidad creciente de cada caso, con nuevas formas de ejercicio de la violencia; con nuevos grupos de víctimas; con una multiplicidad de vejaciones traslapadas y perpetradas tanto por delincuentes como por el Estado mismo. ¿Dónde estamos parados como Estado y como sociedad ante las víctimas de este país?
Si bien el gobierno mexicano ha generado nuevas instancias para la atención integral a víctimas, tales como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la realidad es que sus capacidades financieras, humanas y operativas están mermadas frente a un fenómeno en crecimiento tanto en números como en complejidad. Desafortunadamente, ante los primeros pasos de la nueva administración federal, no es claro que dicha problemática se entienda por completo, ni que su visión sobre el fenómeno de la victimización vaya más allá de la dimensión material.
Los medios de comunicación en México, afortunadamente, se han fortalecido como contrapeso frente al Estado. En el tema particular de la violencia, los periodistas se han convertido en agentes fundamentales para la rendición social de cuentas, evidenciando los abusos de la autoridad y dándole voz a las víctimas, sus demandas y necesidades más amplias. Sin embargo, ese mismo ejercicio democrático ha convertido a los mismos reporteros en víctimas de la violencia que experimentan, en carne propia, los despojos materiales (desaparición, muerte), sociales (criminalización) y políticos (censura) que su experiencia directa con el crimen implica.
Si aspiramos a proveer una atención a las víctimas de México, se requiere no solo de mayores recursos financieros, sino también de nociones más amplias de la victimización y de un fortalecimiento de la sociedad civil.
Si bien el discurso oficial se ha transformado en los últimos años y se ha vuelto mucho más costoso para los políticos criminalizar a las víctimas, lamentablemente, aún permea en la opinión pública una noción de lejanía e indiferencia por este grupo. La distancia entre víctimas y no-víctimas y las pocas oportunidades de tejer lazos entre ellas merma las posibilidades de las víctimas de ser atendidas de manera exhaustiva y alcanzar verdad y justicia.
Si aspiramos a proveer una atención real e integral a las víctimas de México, se requiere entonces no solo de mayores recursos financieros, sino también de nociones mucho más amplias del fenómeno de victimización; de un fortalecimiento de la sociedad civil, con periodistas y organizaciones de derechos humanos con la posibilidad real de denunciar y exigir sin el riesgo de morir en el intento; de lazos fortalecidos entre aquellos más privilegiados para ver más allá de esas ventajas y dejar de simplificar el estatus de la víctima.
Desde el punto de vista de los perpetradores de la violencia, la victimización funciona mejor cuando se genera inmovilización e impotencia, pero esas reacciones y lo que éstas implican no dependen solo de la víctima sino del grupo más amplios de actores que la rodean. Por lo tanto, ante los resultados aquí compartidos, más nos vale que como Estado y como sociedad logremos el entendimiento e inclusión real de las víctimas y sus necesidades antes de seguir poniendo en riesgo nuestra incipiente democracia, sus instituciones y el (ya de por sí débil) estado de bienestar.