La “ideología de género”: una reacción que reta a las democracias latinoamericanas

Jairo Antonio López
Jairo Antonio López

Investigador Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Universidad Veracruzana

Desde el año 2016 el discurso de la “ideología de género” se ha consolidado en todos los países latinoamericanos como oposición al avance de los derechos de las mujeres y la población LGBT. ¿Por qué se ha presentado una intensificación de su presencia pública en América Latina? ¿Qué efectos de esta reacción retan a las democracias de la región?

La ideología de género como una reacción a los derechos

En una reciente columna la filósofa Judith Butler, quien fue víctima de severos ataques en su visita a Brasil en el año 2017, hace un llamado a frenar la reacción contra “la ideología de género”, recalcando que este discurso atenta contra libertades a partir de argumentos erróneos que simplifican las teorías feministas y de género. El concepto de reacción, conocido en la literatura académica norteamericana como “backlash”, hace alusión a los procesos de contragolpe frente al avance de cierto tipo de derechos. En términos generales, la reacción a los derechos es la manifestación de resistencias a pérdidas de privilegio y modificaciones del statu quo que afectan a grupos con capacidad de movilización. Si bien no todos los derechos generan las mismas resistencias, por lo general se produce o exacerba una fuerte reacción cuando hay dinámicas que presentan amplias, profundas y aceleradas conquistas en materia legal.

Los estudios sobre la reacción contra los derechos han mostrado que ésta presenta diversas lógicas, que pueden ir desde la resistencia a la propia idea de los derechos humanos bajo argumentos de defensa de la soberanía estatal, el impulso de alianzas electorales que garanticen mecanismos para el retroceso, hasta la estrategia de generación de “pánico moral” para movilizar población.

Justamente el término “ideología de género” tiene su origen en los años noventa en el corazón de la iglesia católica. Éste fue acuñado por el Papa Juan Pablo II y el Vaticano, en alianza con grupos evangélicos y estados católicos y musulmanes, como respuesta al consistente avance de los derechos de las mujeres en las Conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995). En la medida que las resistencias religiosas fueron creciendo, el término “ideología de género” aludió con más claridad a la supuesta existencia de un cuerpo de producción académica que se presenta como una especie de “conspiración” y “revolución cultural” contra la biología. Como recuerda Gloria Careaga, la apelación a la “ideología de género” como una amenaza contra la biología ha sido utilizada repetidamente como estrategia de pánico moral, es decir, de construcción de un enemigo ficticio que podría generar efectos desastrosos para la sociedad en su conjunto (la familia, la niñez, la vida misma) y, de esta manera, lograr oponerse a los derechos que garantizan igualdad.

Las “razones” de la reacción en América Latina

El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la población LGBT se constituye en una seria amenaza a los privilegios patriarcales y heteropatriarcales que se reproducen no sólo culturalmente, sino también, a través del derecho y la ley. En América Latina en las últimas décadas ha habido un avance formal de los derechos de las mujeres, aunque con muchas deudas aún para su efectivo ejercicio. Igualmente, y de manera especial, se han generado avances significativos con relación a los derechos de la población LGBT. Este punto es central ya que, si en un principio el discurso conservador estuvo orientado explícitamente contra las mujeres, en la última década se ha exacerbado su apelación pública contra las minorías sexuales.

En este sentido, en un reciente artículo hemos demostrado el progreso sistemático de las demandas por los derechos LGBT en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, logrando efectos importantes en poco tiempo en comparación a otras agendas. Igualmente, el “mapa de reconocimiento de derechos y homofobia de estado a nivel mundial”, que elabora anualmente ILGA, evidencia que los países de América Latina se encuentran, junto a Estados Unidos, Canadá y Europa, como el conjunto de naciones más avanzadas en el reconocimiento de derechos como la no criminalización de la homosexualidad, las uniones civiles, el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo o leyes que penalicen los crímenes de odio.

Fuente: Elaboración propia con datos de leyes nacionales

Como se aprecia en el Gráfico 1, el avance en el reconocimiento de derechos LGBT en América Latina ha sido un proceso amplio y acelerado, principalmente si tenemos en cuenta que sólo hasta el año 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, que hasta el año 2017 dejó de considerar la transexualidad como un trastorno, y que para finales del año 2017 el 40% de la población mundial aún vive en países donde la homosexualidad sigue siendo penalizada y criminalizada. Aún más, el avance de los derechos de la población LGBT ha sido muy acelerado si tenemos en cuenta que hasta el año 2019 el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo sigue siendo una deuda en toda la región, una demanda que antecede por mucho las luchas de las minorías sexuales.

Los efectos de la reacción: de la calle a las políticas públicas

En la Tabla 1 presento la cronología de los principales episodios de protesta bajo la consigna de oposición a la “ideología de género” que se presentaron en once países de América Latina entre los años 2015 y 2017. Este ejercicio nos permite identificar que la reacción se intensificó a nivel regional desde el año 2016, reproduciendo en todos los casos tres rasgos comunes.

Primero, el llamado a marchas masivas apelando al discurso de la “ideología de género”, construyendo argumentos en defensa de “derechos de poblaciones vulnerables” o de “defensa de principios superiores” con consignas como: “En defensa de la vida”, “Con mis hijos no te metas”, “A mis hijos los educo yo”, “Es biología no ideología”.

Segundo, las protestas se presentaron en oposición concreta a políticas públicas que los gobiernos iban a implementar, teniendo claras intenciones de bloqueo o limitación del avance de los derechos. Esta reacción se dio principalmente cuando los gobiernos nacionales trataron de llevar a cabo políticas educativas en materia sexual y reproductiva (a través de reformas de ley o modificaciones de contenidos escolares).

Tercero, todos los eventos de protesta fueron convocados por organizaciones conservadoras, junto con asociaciones de padres de familia, las cuales tienen fuertes vínculos con actores institucionales y capacidad de incidencia y cabildeo legislativo. Destaca la participación de los colectivos ultracatólicos europeos “provida y profamilia” como “Hazte Oir” o “CitizenGo”, que adelantan campañas por medio de peticiones en redes sociales para oponerse a todo tipo de políticas de reconocimiento e inclusión. En tal sentido, las protestas se presentan como una oposición “secular” liderada por asociaciones de padres y organizaciones no gubernamentales, reproduciendo lo que se ha denominado como “secularismo estratégico” por parte de los grupos fundamentalistas.

En países como Colombia, México, Perú y Brasil, los contextos de debilidad o poca popularidad de los gobiernos ejecutivos fueron espacios de oportunidad para la presión conservadora. Un recurso importante al que apelan los opositores a los derechos sexuales y reproductivos es el mensaje de “masividad” que las marchas envían a los gobiernos, y en casos como Colombia, México, Costa Rica, Brasil, Panamá, Paraguay, se realizaron cercanas a coyunturas electorales, presentándose como “activos electorales” de los grupos conservadores que respaldan las demandas.

Elaboración propia

De los once casos que registro, en Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Perú y Bolivia, las protestas y presiones lograron limitar la implementación de políticas públicas en materia de derechos sexuales, principalmente las referidas a los manuales de educación. Los resultados de la presión fueron inmediatos, y en todos los casos las respuestas de los gobiernos aceleradas, cancelando la implementación de manuales de educación sexual, las reformas curriculares o las nuevas leyes en la materia.

Los retos para las democracias latinoamericanas

Las políticas educativas en materia sexual y reproductiva son una demanda nodal no sólo de la población LGBT, sino también, y principalmente, de los movimientos feministas, en la medida en que están orientadas a brindar libertad y autonomía. Este tipo de políticas públicas promueven transformaciones socio culturales de fondo. Para entender el tamaño de la amenaza a los privilegios que significa el avance de las políticas de educación sexual y reproductiva, hay que recordar que en aquellos lugares donde éstas se han institucionalizado se ha presentado, con el paso del tiempo, una tendencia de respaldo de la población a este tipo de derechos.

Valiéndose del desconocimiento, los grupos conservadores atrapan seguidores y refuerzan la intolerancia hacia la diversidad y, al mismo tiempo, mantienen los candados contra los derechos de las mujeres. Esto se hace muy evidente en el contexto de crecimiento de la nueva ola feminista, cuya demanda principal es justamente “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Frente a estas demandas, los discursos de la “ideología de género” se redirigen con vehemencia, y una muestra de ello es la “ola azul celeste” que se ha extendido en todo el continente luego de las manifestaciones masivas de las mujeres en Argentina. Frente a la amenaza que representó la marea verde argentina, los grupos conservadores se articularon de manera inmediata para señalar que las exigencias de las mujeres por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo eran parte integral de la “ideología de género”, generando confrontaciones contra las políticas de educación sexual en la materia. Nuevamente el concepto de “ideología de género” se orienta hacia su origen, la disputa contra las libertades de las mujeres.

Un elemento especialmente alarmante de todo este proceso de reacción regional es que en ningún caso los gobiernos han salido a oponerse a la presión, por el contrario, como demuestra nuestro análisis, han cedido de manera inmediata, en muchas ocasiones saliendo a “tranquilizar a la población” para asegurar que “la ideología de género” no ha “invadido” las políticas educativas. Con estas respuestas los gobiernos han permitido que los grupos conservadores se constituyan en verdaderos actores con veto.

Si uno de los principios fundamentales de las democracias y los derechos humanos es la defensa y protección de la libertad y la autonomía, la ola de reacción regional contra los derechos de las mujeres y la población LGBT es, justamente, una expresión antidemocrática. El viejo problema de cómo regular las expresiones antidemocráticas dentro de las democracias debe ser tomado en serio, y un paso fundamental es que los gobiernos se pronuncien públicamente contra estos discursos. Como recuerda Gisela Zaremberg es necesario relativizar la el mito del “voto religioso”, sin embargo, en todos los países persiste el temor de los gobiernos (o quienes aspiran a serlo) a perder votos. Muchas veces defender la democracia cuesta, pero suele ser más costoso perder principios democráticos.

 

1 Comment

Deja un comentario