En los primeros años del siglo XXI se ha avanzado en la protección de los derechos de las personas LGBT en América Latina. No todos los países han atendido los mismos derechos ni lo han hecho de la misma forma. Desde un análisis preliminar del reconocimiento de derechos a nivel nacional, a partir de un Índice, se puede observar el comportamiento que en esta materia han tenido Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador y México, los derechos que reconocen y el ritmo con el que han aparecido. Colocándose en primer lugar Argentina y quedando en el último México.
El siglo XXI fue un parteaguas en materia de la condición ciudadana de las personas LGBT, a partir del 2002 empezaría una serie de reconocimientos que antes parecían imposible de aprobarse. Argentina, en este año, es el primer país en garantizar la adopción para las personas de la diversidad sexual, lo que marcó un hito en la región sobre la aprobación de derechos ciudadanos para esta población. Los países después de Argentina, que más se han destacado por el reconocimiento de diferentes derechos a la diversidad sexual y de género son: Uruguay, Colombia, Ecuador y México.
Es preciso analizar cómo se ha ido desarrollando el reconocimiento de derechos, cuáles son los que se aprueban, si son derechos de impacto nacional o local, y qué países han llevado un camino más constante en esta materia. Todo esto forma parte de una investigación que se está llevando a cabo en la Universidad de Guanajuato, por lo que el propósito de este texto es presentar un esbozo de los primeros hallazgos obtenidos en lo ya señalado, subrayando que, la construcción de datos estadísticos en este rubro son muy escasos.
La información presentada se desprende de la elaboración de un índice de reconocimiento de derechos LGBT en América Latina. Este Índice se creó a partir de los derechos que se han aprobado en estos cinco países, tomando como base el año 2002 que fue cuando apareció el primer derecho en la región (Argentina) y se considera hasta enero de 2019 cuando en México se aprueban beneficios sociales.
Se consideran 15 indicadores, que son el número de derechos aprobados en estos cinco países hasta ahora (familia -reproducción asistida-, matrimonio igualitario, uniones civiles, adopción, heredar a la pareja una vez que ésta fallece, identidad de género, ejercicio de voto para las personas trans, salud -con una atención especial para las personas trans-, trabajo – con una atención especial para las personas trans-, beneficios sociales, intimidad -privacidad de datos-, educación, pensión a la pareja, derecho a la vida -despenalización de la homosexualidad- y libertad de expresión). Por tanto 15 sería el valor máximo esperado. Cabe señalar que en el Índice sólo se reconocen los derechos de impacto nacional.
Comportamiento del tiempo, permanencia y aparición del reconocimiento de derechos LGBT
Del Índice generado se desprende la siguiente gráfica que permite observar el comportamiento que ha tenido cada uno de los cinco países en el reconocimiento de derechos, el tiempo que se demoran en generar un nuevo derecho y el número de derechos acumulados.
El siguiente cuadro muestra el tipo de derechos que se han ido reconociendo.
| Indicador/País | Argentina | Colombia | Ecuador | México | Uruguay |
| Familia (reproducción asistida) |
2014 |
2013 |
|||
|
Matrimonio igualitario |
2010 | 2016 | 2013 | ||
|
Uniones civiles |
2015 |
2008 |
|||
| Adopción |
2002 |
2015 |
2009 |
||
| Heredar a su pareja una vez que ésta fallece |
2010 |
2007 |
|||
|
Identidad de género |
2012 | 2015 | 2016 |
2009 |
|
| Ejercicio del voto para personas trans |
2012 |
2016 |
2017 |
||
| Salud (con una atención especial para las personas LGBT) |
2012 |
2007 | 2016 |
2018 |
|
| Trabajo (con una atención especial para las personas LGBT) |
2015 |
2018 |
|||
| Beneficios sociales |
2015 |
2019* |
|||
| Intimidad (privacidad de datos) |
2015 |
||||
|
Educación |
2012 |
2014 |
|||
| Pensión |
|
2008 |
|
||
| Derecho a la vida (despenalización de la homosexualidad) |
|
2018 |
|||
| Libertad de expresión |
|
2004 |
|||
| Total de derechos implementados |
10 |
6 | 5 | 2 |
10 |
El primer derecho que se reconoce para la diversidad sexual es el derecho a la adopción en parejas del mismo sexo, y es en Argentina 2002. Este país se mantiene por ocho años con este único derecho. Es hasta el 2010 cuando implementa dos derechos más, que son: matrimonio igualitario y heredar a la pareja una vez que ésta fallece. Estas dos garantías podrían entenderse que derivan del derecho a la adopción pues, el reconocimiento legal de familias homoparentales implicó nuevas necesidades que se aproximaran a los derechos que gozan las familias heterosexuales, en aras de garantizar una mayor protección al nuevo modelo de familia que se estaba conformando.
El 2012 es para Argentina un año crucial en el reconocimiento de derechos de manera sustantiva, se aprueba la identidad de género, el derecho a sufragar por parte de las personas trans, salud especializada para esta población y el derecho a la educación. Es decir, las garantías se abren también para la diversidad de género y rompen con la lógica de los derechos sociosexuados (aquellos derechos que van encaminados a aproximar a las personas de la diversidad sexual, particularmente, a los estilos de vida de las personas heterosexuales, en particular el matrimonio y la adopción).
Es dos años después, en el 2014, cuando se vuelve a reconocer un derecho para las personas trans y es la reproducción asistida. Siendo el 2015 el último año en que este país ha implementado derechos y fueron: beneficios sociales y protección a la vida privada. Con éste, Argentina logra diez derechos nacionales para la población de la diversidad sexual y de género.
Uruguay, inicia su reconocimiento de derechos en el 2004 y es con la libertad de expresión. Cuatro años después (2008) reconoce las uniones civiles entre personas del mismo sexo, al año siguiente atiende la identidad de género y la adopción. En el 2013 garantiza el derecho a la familia (reproducción asistida) y también el matrimonio igualitario. En 2014, el derecho a la educación, este derecho se implementa incorporando contenidos sexuales en los programas educativos de todos los niveles, lo que asegura la educación a las personas LGBT. En el 2018 se legisla en materia de salud, trabajo y derecho a la vida, igualando así a Argentina.
Es importante mencionar que Uruguay al igual que Argentina inaugura su reconocimiento de derechos con uno de orden civil, pero de impacto en la individualidad, mientras que Argentina lo hace en el orden colectivo de la familia.
Colombia aparece por primera vez en este escenario de derechos en el 2007 con salud y heredar a la pareja una vez que ésta fallece. Al año siguiente se reconoce la pensión para las parejas en caso de viudez. En el 2015 se garantiza la adopción y la identidad de género y es hasta el 2016 cuando se reconoce el derecho al matrimonio igualitario. Teniendo un total de seis derechos.
De Colombia llama la atención su prioridad por legislar en materia de salud, que resulta ser un derecho social de repercusión individual, su preocupación estriba por la calidad de vida de las personas LGBT en su condición ciudadana social y atómica, lo cual es relevante porque rompe con el comportamiento de garantizar derechos sociosexuados.
Otro aspecto relevante en Colombia es que primero se garantizan los derechos de pensión a la pareja, heredar a la pareja y la adopción, antes que el matrimonio, lo que reafirma su preocupación por atender derechos no sociosexuados.
Ecuador inicia su reconocimiento de derechos de forma tardía con respecto a Argentina, Uruguay y Colombia, pues es hasta el 2015 cuando legisla uniones civiles y trabajo. En 2016 implementa identidad de género, ejercicio del voto para las personas trans y salud. Teniendo un total de cinco reconocimientos de impacto nacional.
Con respecto al derecho de cambio de identidad es importante señalar que se dio para toda la ciudadanía, no únicamente para personas trans, es decir, en este país no se implementó como un derecho prioritario de las personas trans, sino que resultaron beneficiadas de forma general y no focalizada.
Finalmente, en México el primer derecho reconocido a nivel nacional es el de ejercicio de voto para las personas trans en 2017 y el segundo es el de beneficios sociales en enero de 2019. Hay que resaltar que, para el ejercicio del voto, este derecho se garantizó por medio de un protocolo donde fue garantizado el voto de todas las personas trans y operó para el 1 de julio de 2018 en todo el país.
México a nivel local cuenta con varios derechos implementados como los que existen en el resto de los países estudiados. Sin embargo, empezó el reconocimiento de derechos a nivel nacional en el 2017, quedando con un total de sólo dos derechos reconocidos.
México empieza el reconocimiento de derechos para las personas LGBT de manera contundente a nivel local, en el 2007, en el entonces Distrito Federal, consecuencia clara de su alto activismo de colectivos y organizaciones LGBT y sus gobiernos de izquierda desde 1997.
El umbral del reconocimiento de derechos en estos cinco países se da entre 2008 y 2012. Es en un período de cuatro años donde tres países (Argentina, Uruguay y Colombia) despegan en el número de derechos reconocidos para la población LGBT. Y a partir de ese momento se empiezan a legislar más derechos para la diversidad sexual y de género a nivel nacional de impacto social, civil y político.
¿Qué hace posible el reconocimiento de derechos LGBT?
Es preciso establecer algunas líneas hipotéticas que esbocen lo que hace posible el reconocimiento de derechos a nivel nacional. De primer momento pudiera pensarse que los gobiernos de izquierda son una variable importante para conseguirlos; sin embargo, no es así, tal vez son necesarios, pero no suficiente. Incluso el caso de Colombia es muy representativo, pues los derechos que se reconocen a nivel nacional para la diversidad sexual y de género suceden con gobiernos de derecha o centro derecha (Álvaro Uribe Vélez,2002-2010; Juan Manuel Santos Calderón, 2010-2018; Iván Duque Márquez 2018-2022).
La participación de colectivos y organizaciones a favor de los derechos de las personas LGBT sí resultan ser determinantes para el reconocimiento de sus demandas. El director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación de Colombia declaró en 2018 que los “logros no han sido del Estado colombiano, han sido posibles porque el movimiento social ha estado muy presto a movilizarse y a participar”[1].
Por otro lado, Argentina es el país que más ha aprobado derechos a favor de la diversidad sexual y de género, con gobiernos de izquierda. Y su activismo ha sido muy potente, desde la década de los 90´ varias organizaciones LGBT presentaron proyectos de ley de unión civil o matrimonio igualitario en el Congreso de la Nación, no tuvieron éxito, pero continuaron presionando. Por ejemplo, la organización Comunidad Homosexual Argentina (CHA) logró que la legislatura de Buenos Aires promulgara una ley que estableció las uniones civiles entre personas del mismo sexo[2].
El trabajo de la CHA ha sido continuo y en 2009 en conjunto con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y otras organizaciones de diversas provincias lanzaron una campaña nacional en pro del matrimonio igualitario ante el Poder Legislativo y el Poder Judicial y esta ley se aprobó a nivel nacional el 15 de julio de 2010[3]. Lo que marca como variable relevante el activismo para obtener derechos.
Ecuador ha logrado garantías para las personas LGBT con gobiernos de izquierda, pero es importante destacar que para ello el activismo de la sociedad civil ha sido crucial. La Organización Silueta X, en coordinación con otros colectivos LGBT convocó e impulso reuniones con el gobierno federal, donde logró sentar en el año 2013 al presidente Rafael Correa y su gabinete para construir un proyecto que tiene como propósito monitorear y evaluar el acuerdo #21525 que sintetiza programas en salud, educación, empleo, desarrollo social, justicia y ciudadanía.
Así se observa de primer momento que la legislación nacional a favor derechos LGBT se produce por un trabajo importante de las organizaciones de la sociedad civil, que demandan a los gobiernos su atención, teniendo estos que atender las denuncias de esta población, en muchos de los casos sin importar su posición ideológica porque estos grupos organizados apelan a un discurso democrático de inclusión y de los derechos humanos que se yuxtapone a cualquier ideología.
Reflexiones preeliminares
En materia de reconocimientos de derechos a nivel nacional, México se encuentra en una importante desventaja, los avances logrados en la Ciudad de México no han logrado permear en todo el país, sólo se han extendido de manera local. En tanto que Argentina despegó en el 2002 y mantuvo un buen ritmo hasta 2015, pero en los últimos años ha tenido un estancamiento.
El aprendizaje que dejan las experiencias nacionales revisadas, revelan -y ahí habría que explorar más- que el activismo y la manera cómo se articule es de suma relevancia para posicionar el logro a nivel nacional. Los gobiernos de izquierda resultan tal vez ser más receptivos a las demandas de las personas LGBT que los gobiernos de derecha, pero lo que es determinante son las acciones colectivas generalizadas que se emprendan desde la sociedad civil, así como sus repertorios de lucha que empleen.
[1] Ver, https://www.rcnradio.com/colombia/los-avances-y-lo-que-queda-pendiente-frente-los-derechos-lgbti?fbclid=IwAR12cNS3QMFoCjVOQTtbO1m22xs1hKlYT998Poe-osD3ukp9dTyP6wFaB2M
[2] Ver, https://identidadydiversidad.adc.org.arg.
[3] Ver, https://identidadydiversidad.adc.org.arg.