El pasado mes de julio los mexicanos votaron por un cambio. Andrés Manuel López Obrador ganó cómodamente la elección presidencial y su partido Morena obtuvo mayorías en el congreso, así como triunfos importantes en elecciones locales. Uno de los principales temas durante la campaña fue la política de seguridad. Desde diciembre de 2006 — cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la llamada “guerra contra el narcotráfico” — se han registrado más de 270 mil homicidios, saldo al que se añaden cerca de 40 mil personas desaparecidas. AMLO hizo campaña bajo la promesa de desmontar la estrategia de militarización utilizada por sus predecesores y enfocarse en la prevención de la violencia. Aunque en momentos de la campaña presidencial se tocaron temas como la despenalización de la marihuana y la amnistía a algunos procesados por crímenes de bajo impacto, la principal política de AMLO en temas de seguridad ha sido la creación de la Guardia Nacional. Muchos críticos ven en este cuerpo de seguridad una continuación de la fallida militarización del país.
López Obrador ha reiterado que la Guardia Nacional funcionará bajo mando civil y que su estrategia de seguridad incluye un número de programas sociales que atienden las causas del crimen. Sin embargo, es preocupante que el eje de su estrategia apunte hacia la continuidad de la militarización de la seguridad pública, ignorando la necesidad de reformar y fortalecer las policías locales, por ejemplo, y poniendo en riesgo la protección de derechos humanos. Con todo esto en consideración, persiste la pregunta: ¿logrará esta estrategia reducir los niveles de violencia en México y mejorar el Estado de derecho?
Cuando AMLO anunció en 2016 que estaba considerando la amnistía como una política para reducir violencia, fue criticado por “prometer impunidad” a lo “imperdonable”. La opinión pública parece respaldar ampliamente una estrategia de militarización o mano dura, con la Guardia Nacional alcanzando un apoyo de 64% según encuestas recientes. Todo esto a pesar de que se han documentado numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. Tal parece que los ciudadanos quieren castigos inmediatos y visibles para los criminales. Incluso, muchos mexicanos se quejan de las garantías al debido proceso, que a veces permiten que los criminales salgan libres sin purgar una pena.
Si bien las políticas punitivas gozan de apoyo popular, es muy poco probable que contribuyan a la reducción de la violencia en el largo plazo. La investigación que durante los últimos dos años hemos realizado en el occidente de México respecto a las experiencias con la violencia y las actitudes hacia la justicia criminal puede aportar evidencia para entender las preferencias de los ciudadanos que se ven obligados a elegir entre prevenir crímenes futuros y el deseo de ver a los criminales castigados.
El enojo hace que los ciudadanos valoren más el castigo inmediato al criminal aunque no sea efectivo para reducir crímenes en el futuro y aún si el castigo ocurre fuera del marco legal.
¿Por qué algunas personas apoyan políticas de justicia punitivas? Nuestra intuición es que los ciudadanos ponderan sus prioridades al decidir cómo quieren que se castigue un crimen. Por un lado, les interesa prevenir la violencia en el futuro. Por el otro, valoran castigar a los criminales por el daño hecho a individuos y a su comunidad. Lo que hace que terminen favoreciendo un lado por encima del otro son las emociones, especialmente el enojo y la indignación que despierta conocer o experimentar un crimen violento. El enojo hace que los ciudadanos valoren más el castigo inmediato al criminal aunque no sea efectivo para reducir crímenes en el futuro y aún si el castigo ocurre fuera del marco legal. Para comprobar estas ideas, en 2017 realizamos una serie de estudios sobre una muestra de 1,200 ciudadanos representativa de los estados al occidente del país, específicamente Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.
Nuestro primer estudio muestra que en promedio los individuos que han sido víctimas de un crimen experimentan relativamente más enojo y apoyan más los castigos fuertes como la pena de muerte. Un segundo estudio presenta a los encuestados con tres casos hipotéticos de crímenes, en los que variamos el nivel de indignación que podría provocar el crimen, por ejemplo un crimen que incluyera el abuso infantil o la profanación del cadáver. En este estudio encontramos que los crímenes que provocan mayor indignación lleva a los encuestados a apoyar penas más severas, importando menos que estas ocurran dentro del marco legal. Finalmente, utilizamos otros 125 escenarios hipotéticos para mostrar que cuando se presentan como víctimas del crimen a personas “inocentes” (niños, adultos mayores, estudiantes) es más probable que el encuestado experimente enojo y demande castigos más severos, haciendo de la severidad del crimen un factor menos relevante.
El hallazgo más importante de nuestro trabajo es que no todos los crímenes tienen el mismo efecto en la demanda por castigos más fuertes. La inocencia de la víctima importa más que la severidad del crimen en sí.
El hallazgo más importante de nuestro trabajo es que no todos los crímenes tienen el mismo efecto en la demanda por castigos más fuertes. La inocencia de la víctima importa más que la severidad del crimen en sí. Una abuela que es víctima de una agresión genera más indignación que un narcotraficante asesinado. En los tres estudios es la violencia contra civiles la que desencadenada sentimientos de enojo e indignación, así como la sed de castigo. Homicidios en el municipio en el que las víctimas estén vinculadas a alguna organización criminal no afectan el enojo del ciudadano y no despierta una mayor demanda por castigos severos. Las personas están dispuestas a tolerar (incluso hasta ignorar) los altos niveles de violencia—como descabezamientos o videos de tortura—siempre y cuando se perciba que las agresiones se mantienen contenidas entre organizaciones criminales. Por el contrario, crímenes contra inocentes, como la extorsión a negocios locales, secuestro a ciudadanos, y el asesinato de estudiantes despierta enojo, indignación y el deseo por un castigo de mano dura.
Los hallazgos tienen implicaciones relevantes para la administración de AMLO. En primer lugar, la investigación sugiere que el primer objetivo de cualquier política de seguridad debe ser proteger a los civiles de formas de violencia que, aunque menos gráficas, son más prevalentes, como la extorsión, el robo, las agresiones físicas, entre otras. Al reducir los niveles de victimización se podría reducir los altos niveles de apoyo a políticas de castigo altamente punitivas. Por el contrario, una política diseñada para repartir castigos puede provocar un ciclo indefinido de castigos y venganza que incluya a los propios ciudadanos.
Al reducir los niveles de victimización se podría reducir los altos niveles de apoyo a políticas de castigo altamente punitivas. Por el contrario, una política diseñada para repartir castigos puede provocar un ciclo indefinido de castigos y venganza que incluya a los propios ciudadanos.
Los dos predecesores de AMLO desplegaron al ejército mexicano y a la policía federal para “hacer algo” respecto al crimen organizado. Sin embargo, la militarización y “mano dura” solamente han logrado que empeore la violencia, incrementando la perpetuada contra los ciudadanos. Finalmente, la opinión pública castigó en las urnas estas políticas de militarización. Nuestra investigación ayuda a entender porqué la “mano dura” contra el crimen puede ser una política popular bajo ciertas circunstancias. Lo que es claro es que esta política punitiva no garantiza que el presidente se mantenga con popularidad: lo único que garantiza es que el enojo de los ciudadanos se traduzca en castigos severos y no en políticas que reduzcan efectivamente la violencia.
* Este texto fue publicado originalmente en inglés en Political Violence @ a Glance. Traducido por Julio Solís Arce.