La legislación que protege los derechos políticos de las mujeres en América Latina es fuerte y progresista. No obstante, la brecha entre las leyes y la realidad es amplia. Los observatorios de la participación política de la mujer buscan eliminar la diferencia. Los observatorios son poco estudiados, pero revelan cómo redes de mujeres políticas, autoridades electorales, y miembros de la academia y la sociedad civil se unen para garantizar los derechos políticos de las mujeres.
I. Introducción
Los marcos constitucionales y legales que protegen y garantizan los derechos políticos de las mujeres en América Latina figuran entre los más avanzados del mundo. No obstante, la brecha entre la legislación escrita y la realidad sigue siendo amplia. Por ejemplo, Brasil le exige a los partidos políticos nominar a un 30 por ciento de mujeres, pero solamente lograron ocupar el 15 por ciento de los asientos de la Cámara Baja en las elecciones más recientes. Mientras que la ley 243 de Bolivia prohíbe explícitamente actos de violencia que interfieren con las actividades políticas de las mujeres, nadie ha sido sentenciado por el asesinato de la concejala Juana Quispe en 2012.
Enfrentarse a esta brecha requiere que los hombres y las mujeres comprometidos con la igualdad política de las mujeres desarrollen estrategias que obliguen al Estado y los partidos políticos a rendir cuentas por la implementación de las leyes. Una estrategia muy exitosa – pero menos conocida – es la creación de observatorios de la participación política de la mujer. Los observatorios vinculan a activistas de la sociedad civil, periodistas, académicas y funcionarios (tanto electos como no electos) en una red que actúa de manera colectiva para documentar y hacer pública la brecha entre la legislación y la realidad. Los observatorios hacen visible cuándo, porqué y cómo las mujeres son subrepresentadas en las instituciones. Los observatorios al mismo tiempo documentan y denuncian instancias donde el Estado fracasó en la protección contra la violencia y el abuso hacia las mujeres en la política. En América Latina, se encuentran observatorios en México, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y Paraguay.
II. Marcos legales fuertes y progresistas
Cada Constitución latinoamericana, con la excepción de Argentina y Costa Rica, estipula que las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos. Diez países van más allá, incluyendo cláusulas constitucionales que reconocen la obligación del Estado de impulsar medidas de acción positiva que garanticen la participación igualitaria en la política. Buscando poner en práctica las medidas de acción positiva, ocho países latinoamericanos cuentan con algún mecanismo de paridad: Honduras y Panamá requieren paridad en las primarias; Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua, requieren paridad en las elecciones generales. En Bolivia, Ecuador y México, la paridad aparece explícitamente en la constitución. Los países de América Latina restantes (salvo Guatemala y Venezuela) han adoptado leyes de cuota para las candidaturas, típicamente con un porcentaje mínimo de 30 o 40 por ciento. Si bien la legislación sobre cuotas y paridad a veces presenta válvulas de escape, colectivamente señalan el compromiso formal de los Estados de la región con la garantía de los derechos políticos de la mujer.
III. El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en México
Los Observatorios emergen cuando redes de mujeres políticas, activistas de la sociedad civil, periodistas, académicas, funcionarias y jueces trabajan en sintonía para mejorar y reforzar las leyes de cuota y paridad. La experiencia mexicana ejemplifica el carácter central del papel que cumplieron los observatorios en la promoción de los derechos políticos de la mujer en los últimos años.
En 2009, mujeres políticas, periodistas y activistas formaron Mujeres en Plural como medio para protestar sobre los vacíos presentes en la Ley de cuotas, que en aquel momento era de 40 por ciento. Mujeres en Plural trabajó junto con las autoridades administrativas y jurisdiccionales para denunciar malas prácticas en la aplicación de dicha ley, hasta que en 2011 obtuvo una sentencia histórica que obligaba a los partidos políticos a la aplicación de cuotas “sin excepción”. Gracias a esta experiencia, se sentó el precedente de que las mujeres políticamente activas y los funcionarios del Estado pudieran colaborar para lograr cambios, llevando a la creación del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM) en 2014.
El Observatorio fue establecido mediante un acuerdo formal entre el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sus miembros incluyen representantes de estos organismos y de otras agencias del gobierno (por ejemplo, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales), de la academia y de la sociedad civil. El acta constitutiva de OPPMM enumera cuatro objetivos: (1) documentar el acceso de las mujeres a los cargos de elección; (2) hacer visibles las estrategias para el empoderamiento político de la mujer; (3) proponer estrategias basadas en las mejores prácticas internacionales, así como también (4) intervenir positivamente para incrementar la participación de las mujeres en la política. El sitio web, provisto por InMujeres, presenta datos históricos sobre el número de mujeres en los cargos de elección a niveles federal y estatal; archivos de investigaciones de InMujeres, INE y el TEPJF; y provee información para mujeres que buscan denunciar casos de violencia política (incluye un link al protocolo para atender la violencia política contra las mujeres).
El Observatorio respaldó a las autoridades electorales en el monitoreo del cumplimento de los partidos políticos con la paridad en las elecciones mexicanas de 2015 y 2018. La ley electoral prohíbe a los partidos asignar a mujeres “exclusivamente” a distritos perdedores, por lo que un partido que logra enviar por lo menos una mujer a un distrito ganador técnicamente respeta la regla. En 2015, consejeros del INE anunciaron que examinarían si los partidos respetaban la paridad en tres tipos de distritos: ganadores, competitivos y perdedores. Con la difusión de los resultados, el OPPMM, junto con las autoridades electorales, podía responsabilizar a los partidos para que siguieran el espíritu (y no sólo la letra explícita) de la legislación. Rehuyendo la mala publicidad, los partidos ajustaron su comportamiento, por lo que investigaciones subsecuentes revelan un relativo balance entre las candidaturas en cada tipo de distrito.
En 2018, las autoridades electorales fijaron su atención en el monitoreo de la cobertura del acceso de las mujeres candidatas a los spots de radio y televisión. Una vez más, el OPPMM ayudó con el escrutinio hacia los partidos políticos, lo que contribuyó a la difusión de la investigación; por ejemplo, mediante conferencias de prensa y discusiones públicas. Una vez más, intentaba usar el monitoreo para exigir mejor comportamiento por parte de los partidos políticos.
IV. Diseñando observatorios para la igualdad política de la mujer
El OPPMM de México es el patrón oro: el Observatorio es profesionalizado, organizado y activo, con habilidad de dar luz al acceso de las mujeres al poder y a las resistencias que persisten dentro de los partidos políticos. La popularidad del modelo es notable, hasta el punto de que se han creado observatorios en cada entidad federal de México.
En otros países, los observatorios son menos institucionalizados y coordinados. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, por ejemplo, crea en 2017 un Observatorio de Paridad Democrática, apoyado con financiamiento extranjero (con fondos de España y Suecia). El observatorio boliviano busca documentar cifras de mujeres en la política y de violencia política hacia las mujeres. En la misma línea también trabaja una organización de la sociedad civil que representa los intereses de las concejalas municipales, aunque hasta ahora no existe mucha coordinación entre ambos grupos. Además de esta duplicación de esfuerzos, el futuro del observatorio del tribunal es incierto, a consecuencia de la salida de la funcionaria considerada como la líder clave.
También existen ejemplos de redes que hacen el trabajo de un observatorio, sin referirse a sí mismos como tal. Un ejemplo sería el Foro Nacional de las Mujeres de los Partidos Políticos de Panamá (FONAMUPP), que en 2018 actuó cuando el Tribunal Electoral emitió regulaciones que debilitaban la paridad en las primarias para las elecciones de ese año. En la construcción de la petición para proteger la paridad, el Foro organizó conferencias de prensa y demandó que los Magistrados Electorales las recibieran en audiencia. La presión pública logró persuadir al Tribunal Electoral de cambiar la regulación, reinstalando las protecciones para las candidaturas de las mujeres. No obstante, las reglas de paridad en Panamá, al aplicar únicamente a las primarias, presentan aún la necesidad de un cabildeo continuo que produzca legislación más fuerte.
La comparación de los casos de Bolivia y Panamá con el de México señala algunas buenas prácticas. Primero, las estructuras de liderazgo deben mantenerse independientemente del hecho de que algunas personas con un papel dirigente muy destacado finalicen sus periodos en posiciones ejecutivas. Segundo, los observatorios requieren de una coordinación para evitar la repetición de esfuerzos, y de un financiamiento adecuado, regular y sostenible, debido a que la ejecución y difusión de investigación demanda tiempo y dinero. Tercero, las redes de mujeres son claves para defender sus derechos políticos-electorales: el OPPMM fue una evolución de Mujeres en Plural, y aunque el FONAMUPP no se concibe como observatorio, realiza el mismo trabajo de exigirle al Estado una rendición de cuentas.
V. Conclusión
Los observatorios proveen una voz singular y legítima sobre temas relacionados a la participación electoral de las mujeres y a la violencia política en su contra. Publicitan como las mujeres políticas, con aliadas dentro del Estado, la academia y la sociedad civil, pueden trabajar en red para mejorar la inclusión política de la mujer y monitorear el cumplimiento de las leyes de cuotas y paridad. Como tal, los observatorios constituyen buenas prácticas democráticas: le dan a redes comprometidas con el empoderamiento político de la mujer la capacidad de exigir que los Estados cumplan con su normativa respecto a la igualdad política de la mujer, normativa fijada en sus leyes y constituciones.
~ Traducción por Gustavo Guajardo