Una vez más, Venezuela está sumida en un ciclo de movilización intensa que no parece llevar a ninguna parte. Quizás sea tiempo de que la oposición se replantee el sentido de la protesta pública y se pase a la resistencia cívica, personalísima, contra el autócrata Maduro.
Han pasado más de dos meses desde que la Asamblea Nacional de Venezuela nombró a Juan Guaidó como presidente interino del país. La irrupción del joven ingeniero en la política nacional inyectó nuevas energías a una oposición que yacía paralizada, resignada, dividida. Sin embargo, las olas intensas de movilización opositora no han logrado su primer objetivo estratégico: remover a Nicolás Maduro de la silla presidencial.
Es el momento para reflexionar: ¿Para qué sirven las movilizaciones masivas? ¿Cuáles son sus límites? ¿Por qué no se vislumbra un éxito cercano? ¿Se podrían reorientar las protestas hacia objetivos más promisorios? Hasta ahora, Guaidó ha empleado las movilizaciones como estrategias de presión e información. Quizás sea tiempo de repensarlas como estrategias de resistencia cívica.
¿Para qué sirven las protestas?
¿Para qué sirven las movilizaciones masivas de protesta en los regímenes autoritarios? En realidad, aunque las dictaduras más represivas prohíban cualquier asomo de disidencia pública, la ocurrencia de protestas públicas es relativamente común en la mayoría de los regímenes autoritarios. Muchas veces, lejos de desestabilizarlos, les son útiles como fuente de información sobre la oposición, como válvula de escape o como mecanismo de rendición de cuentas hacia funcionarios locales.
Las movilizaciones no sirven para tumbar dictaduras de manera directa. Sin embargo, pueden llevar a un cambio de régimen cuando logran provocar fisuras en el seno de la élite gobernante.
Sin embargo, aunque las dictaduras no tengan problemas en lidiar de manera rutinaria con protestas menores sobre temas menores, ¿no deberían ponerse sus líderes nerviosos ante movilizaciones masivas que exigen un cambio fundamental de gobierno y de régimen? Según el consenso establecido en la literatura especializada, las movilizaciones antiautoritarias no sirven para tumbar dictaduras, por lo menos no de manera directa. Cuando un gobierno autoritario cae, generalmente lo hace por iniciativa de las propias élites autoritarias. Solamente en un porcentaje muy pequeño de casos, cede a rebeliones o protestas populares.
Sin embargo, las protestas masivas sí pueden llevar a un cambio de régimen cuando logren escindirlo, es decir, cuando logren provocar fisuras en el seno de la élite gobernante. Es muy difícil tumbar a un Estado moderno y es prácticamente imposible hacerlo mientras se mantenga unido y cohesionado. De acuerdo con una de las frases más citadas en la literatura sobre transiciones a la democracia, “no hay transición sin una división interna en el régimen autoritario” (Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones del gobierno autoritario, 1986, p. 19).
En sus movilizaciones de enero, eso fue precisamente lo que quiso lograr Juan Guaidó. Estando consciente de que los militares constituyen el actor clave en cualquier escenario de transición, hizo una oferta formal de impunidad para todos quienes resolvieran cambiarse de filas para apoyarlo. Su oferta cayó en saco roto. No más que unas docenas de soldados se unieron a su causa. Pudieron más los intereses establecidos de los militares: su colusión criminal con el régimen, su habituación a la represión, su disciplina interna, sus temores profesionales a la división, su compromiso ideológico con el Chavismo, su unidad bajo la sombra de una posible intervención externa.
Todos entendemos los cálculos duros de intereses militares. Sin embargo, el fracaso de Guaidó posiblemente también se debió a un malentendido estratégico. Ha tratado de utilizar la movilización popular para dos fines para los que no sirve en el contexto venezolano actual: para demonstrar la magnitud del rechazo popular al régimen y para presionar a sus agentes a que lo abandonen.
¿Sirven las protestas como fuente de información?
En las democracias, son las elecciones quienes demuestran, de manera clara e incontrovertible, las relaciones de apoyo popular. Ningún movimiento de protesta puede pretender representar, por la sola fuerza de sus números, una mayoría de los ciudadanos. Las mayorías se ganan y se pierden en las urnas, no en las calles.
Cuando los ciudadanos descontentos irrumpen en las calles, el cuento autoritario de apoyo mayoritario se pone en entredicho. Sin embargo, en Venezuela, no hacen visible algo que no hubiéramos sabido desde antes.
En las dictaduras es diferente. Aun cuando organicen elecciones, sus resultados no reflejan simplemente la voluntad popular, sino también la voluntad estatal de controlar y manipular las elecciones. En estos contextos, las movilizaciones de protesta pueden llegar a tener una función informativa vital. Cuando los ciudadanos están quietos, es fácil que el régimen imponga su narrativa y se venda como un gobierno legítimo, con apoyo popular. En contraste, cuando los ciudadanos descontentos irrumpen en las calles, el cuento autoritario de apoyo mayoritario se pone en entredicho. Su presencia pública rompe “el velo de la ignorancia” sobre las actitudes ciudadanas hacia el régimen y abre una crisis de legitimidad.
En Venezuela, empero, este velo autoritario de ignorancia apenas existe. Por lo menos desde las elecciones legislativas de 2015, ha quedado claro que la gran mayoría de los venezolanos ha dado la espalda a su gobierno. Las encuestas mínimamente creíbles que se siguen levantando consistentemente estiman el apoyo ciudadano al gobernante PSUV por debajo del 20 por ciento.
Las marchas de Guaidó, entonces, no nos dicen nada nuevo. No hacen visible algo que no hubiéramos sabido desde antes. Al contrario, hacen visible lo evidente: el descrédito del gobierno, la magnitud del descontento, el coraje de los ciudadanos, el estatus minoritario del régimen. Todo eso ya lo sabíamos.
¿Sirven las protestas como instrumento de poder?
Hasta ahora, en su estrategia escalonada, Juan Guaidó ha tratado de lograr tres objetivos por medio de la movilización popular. Primero, trató de persuadir a los militares a que abandonaran el régimen y se unieran a él. Luego, trató de persuadir a los militares a que permitieran el paso de camiones con ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia. A continuación, trató de persuadir a los funcionarios públicos a que abandonaran el régimen y se unieran a él.
La resistencia de los agentes del Estado a los llamados de Guaidó revela la debilidad de una estrategia que pretende que los adversarios hagan ciertas cosas, en lugar de que pretenda impedir que hagan ciertas cosas.
Hasta ahora, no ha tenido éxito en ninguno de sus propósitos. La resistencia de los agentes del Estado, tanto militares como civiles, a los llamados del presidente interino revela, a mi juicio, la debilidad estructural de una estrategia que pretende lograr que los adversarios hagan ciertas cosas, en lugar de una estrategia que pretenda impedir que hagan ciertas cosas.
La primera estrategia, que podemos llamar de “persuasión cívica”, intenta ejercer poder sobre otros, tratando de cambiar sus voluntades y comportamientos. Ante su fracaso palpable, habría que considerar la segunda estrategia, de “resistencia cívica”, que aspira a un poder más negativo. La resistencia cívica o “desobediencia civil” intenta poner límites públicos al poder que otros ejerzan sobre nosotros. Quiere mostrar que nuestras voluntades no se doblegan, aun ante demostraciones masivas de fuerza estatal.
Explotando dependencias: la resistencia cívica
La resistencia cívica es un acto de negación. Le niega al poder la cooperación que necesita para algún propósito vital. El gurú internacional de la protesta non-violenta, Gene Sharp, enumera más de 150 formas de no cooperación en su breve pero influyente obra De la dictadura a la democracia. Formas clásicas son huelgas de trabajo, el impago de impuestos, el boicot de productos o eventos o la negación de abandonar ciertos espacios públicos.
En términos estratégicos, la pregunta clave es: ¿qué es lo que necesita el poder? ¿Qué es lo que necesita de nosotros? ¿Cuáles son sus puntos débiles?
En Venezuela, el problema es que el Estado necesita muy pocas cosas de sus ciudadanos. Es más bien al revés. Los ciudadanos dependen de un Estado petrolero que distribuye mucho y recauda poco. El Estado gobierna con radical independencia de la sociedad: no necesita sus impuestos, no necesita su consentimiento. Con 350,000 militares en activo, tampoco necesita ya más reclutas para sus agencias de seguridad.
Hay que cambiar la pregunta entonces. En lugar de preguntarnos qué es lo que necesita el Estado venezolano de sus ciudadanos, hay que preguntarnos: ¿Qué es lo que necesita el gobierno venezolano? O más concretamente: ¿Qué es lo que necesita el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué necesita para gobernar? Lo mínimo será: desplazarse por la capital, irse a su oficina presidencial, comunicar con sus generales.
¿Qué pasaría si las multitudes prodemocráticas, en lugar de simplemente llenar las calles, le impidieran alcanzar esos mínimos que el presidente necesita para gobernar? ¿Si pusieran a Nicolás Maduro bajo arresto domiciliario? ¿Si formaran una densa cadena humana alrededor de la Casona (u otro lugar en donde se refugie), le cortaran el agua, la luz y el teléfono, le negaran el papel de baño, impidieran el acceso a sus subordinados y no dejaran pasar más comida que la que comen los ciudadanos comunes? ¿Los generales y los soldados realmente aceptarían un baño de sangre para salvar al dictador que está hundiendo sus familias, sus amigos, su institución, su país?