En el centro de la discusión sobre las democracias contemporáneas está la idea de la “responsividad”. Este concepto que seguramente es ajeno a toda persona que se mueva fuera de la arena académica de la ciencia política, hace referencia a la capacidad de un gobierno para atender las necesidades o preferencias de sus ciudadanos. Visto de esta manera, el tener gobiernos responsivos pareciera ser una de las máximas aspiraciones de los ciudadanos. Sin embargo, en los últimos años la realidad de las democracias en general se caracteriza por el constante “desencanto” de sus ciudadanos.

Detrás de este fenómeno se puede decir que confluyen dos situaciones. Por un lado, están todos los ciudadanos que ven cómo se amplía la brecha entre lo que se esperaba que las democracias hicieran por ellos y los resultados que realmente consiguen. Este sombrío panorama se ha visto confirmado en los dos últimos Informes del Latinobarómetro (2017 y 2018). Por otro lado, los gobiernos se han visto rebasados por una serie de problemáticas que no logran abordar adecuadamente, como son las crisis económicas sostenidas (y sus efectos en el empleo), el crecimiento de la criminalidad y el esparcimiento de la violencia en el continente; además de una atmósfera pública que se ha visto enrarecida por la creciente asociacion entre el ejercicio del poder público y la corrupción.

Todo esto ha conducido a que los gobiernos democráticos estén todo el tiempo en la disyuntiva sobre qué problemas atender, cuándo y cómo, a sabiendas de que difícilmente serán capaces de resolverlos. Esto se complejiza aún más cuando se considera que la actuación de los gobiernos democráticos no solo está constreñida por factores legales, institucionales y procedimentales; sino que también está determinada en gran medida por la amenaza futura de la derrota electoral.

Ante este complicado horizonte, Latinoamérica (y el mundo) ha visto surgir una serie de liderazgos con tendencias populistas que, independientemente de la ideología, parecen tener la característica común de ofrecer lo que los ciudadanos más han echado en falta: tener gobiernos que son (o aparentan ser) responsivos ante los grandes problemas sociales. No obstante, las rutas que estos nuevos liderazgos y sus gobiernos han tomado en pos de la responsividad han sido sumamente cuestionadas en términos de su apego a los procedimientos y prácticas democráticas. Un ejemplo de esto es la declaración de emergencia nacional firmada por el presidente Trump para construir el muro en su frontera sur a pesar de que el Congreso le negara los recursos necesarios. Trump habría así cumplido una de sus propuestas de campaña más repetidas, pero a costa de erosionar los procedimientos democráticos.

Podemos identificar este apego a los procedimientos institucionales como la idea de la “responsabilidad”, un atributo fundamental de los gobiernos democráticos pero que no parece estar muy de moda. Más allá de atender a las preferencias de los ciudadanos, los gobiernos responsables buscan hacer esto al mismo tiempo que se apegan a normas y procedimientos. Esto implica que los gobiernos pueden incluso impulsar acciones que sean  “impopulares” ante los ojos de sus ciudadanos pero que se consideren como cursos de acción apegados a principios y procesos. Aquí cabría el ejemplo del largo camino que ha tenido que recorrer la administración de Theresa May para instrumentar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) sin violentar las instituciones democráticas, incluso a pesar de que los ciudadanos interpreten ese apego institucional como una dilación innecesaria del objetivo último de la separación británica.

Los conceptos de responsividad y responsabilidad: dimensiones de diferenciación

La responsividad implica, a grandes rasgos, una alineación entre preferencias ciudadanas y acción gubernamental. Así, presupone la existencia de una relación dinámica entre las preferencias de los ciudadanos y lo que el gobierno hace. Bajo este entendido, los primeros envían “señales” (ya sea a través de la opinión pública o de mecanismos específicos como la protesta u otras formas de acción colectiva) sobre aquello que prefieren y priorizan y los segundos son capaces de leer estas señales y actuar en consecuencia  — ya sea generando políticas concretas cuando se está en el poder y así mantener la aprobación de los ciudadanos; o proponiendo plataformas electorales atractivas.

La responsabilidad, por otro lado, involucra un actuar gubernamental caracterizado por la prudencia y el apego a normas, procedimientos e instituciones democráticas; al mismo tiempo que se reconoce la existencia de otros actores con los que hay que interactuar para tomar decisiones.

Considerando esto y para facilitar la diferenciación entre ambas, propongo cuatro dimensiones:

  • Horizonte temporal de las decisiones: De manera general y sintética se podría decir que el factor más distintivo entre la responsividad y la responsabilidad es el horizonte temporal, pues la primera está asociada a la inmediatez de las acciones de gobierno, mientras que la segunda se asocia a acciones más espaciadas en el tiempo.
  • Naturaleza de los asuntos: la responsividad por una parte, lleva a los gobiernos a enfocarse en  problemas más particulares que afecten a sus grupos de apoyo y a tratar de ofrecer respuestas rápidas a los mismos; por otra parte, la responsabilidad implica enfocarse en asuntos más complejos y que quizás afecten a amplios segmentos de la ciudadanía, cuestión que amerita acciones de gobierno pensadas al largo plazo.
  • Mecanismos de toma de decisión: dado que pensar en términos de responsividad sitúa la necesidad de acción en el momento, se pueden identificar mecanismos decisionales basados en negociaciones con fines instrumentales para empujar un curso de acción particular, en la toma de decisiones unilaterales o en la imposición de medidas que van más allá de las prácticas establecidas (como indica el caso de Trump comentado anteriormente). Por otro lado, la responsabilidad involucra la toma de decisiones a partir de deliberaciones con otros actores, cuestión que puede llevar tiempo sobre todo si se busca tomar cursos de acción aceptados por la mayoría, aunque a veces el coste de la búsqueda de acuerdos es la parálisis institucional y la ausencia de resultados.
  • Motivaciones y Beneficios de las decisiones: desde la responsividad, se espera que las decisiones tomadas y las acciones derivadas de las mismas tengan efectos positivos o benéficos en términos de poder aprovecharse en el contexto de coyunturas importantes como procesos electorales. Así, se puede decir que la motivación para ser responsivo está anclada en estrategias pragmáticas como mantener buenos índices de aprobación gubernamental y ganar elecciones. En contra parte pensando en la responsabilidad, lo que se tiene son una serie de decisiones cuyos  beneficios o efectos positivos (en caso de tenerlos) solo será posible ver hasta años después en el futuro. Por esta razón, es difícil capitalizarlos en tiempo presente. Por lo tanto, en estos términos, la motivación detrás de cursos de acción de este tipo se relaciona a la persecución de intereses a largo plazo que inclusive trascienden el beneficio inmediato y particular.

La relación entre responsividad y responsabilidad: del peor al mejor escenario y lo que se queda en medio

La pregunta que queda después de estas reflexiones iniciales es cuáles son las implicaciones para las democracias cuando la responsividad y a la responsabilidad no están presentes simultáneamente. Tratar de responderla lleva a pensar en los posibles escenarios que se pueden dar a partir de la combinación entre la presencia y ausencia de responsividad y responsabilidad.

La siguiente tabla incluye las cuatro combinaciones posibles.

Responsables

No Responsables

Responsivo

Democracias completas

Democracias negligentes

No responsivo

Democracias frustrantes

Democracias fallidas

El primer escenario es el de las democracias completas. Sin duda alguna, se trata del mejor escenario (el tipo ideal), pues son gobiernos que están simultáneamente pendientes y atendiendo las necesidades más inmediatas de su población, al mismo tiempo que no desvían su mirada de asuntos de interés a largo plazo y sus consecuencias, sin tener que erosionar las prácticas democráticas. Aquí se sitúa toda una corriente teórica que habla de cómo la responsividad se convierte en un catalizador de la responsabilidad: entre más responsivo sea un gobierno en el presente, más será capaz de tomar decisiones responsables en el futuro pues contará con el apoyo de sus ciudadanos.

El segundo escenario se refiere a las democracias negligentes. Esta combinación se produce cuando hay sistemas políticos con gobiernos que privilegian la atención urgente de demandas (ser responsivo) a costa de (o que se aprovecha de) instituciones y procesos/procedimientos (ser responsable). Aquí, por ejemplo, podríamos ubicar a los gobernantes autoritarios electorales, quienes suelen mostrar algún nivel de responsabilidad a pesar de que su naturaleza democrática es ampliamente cuestionada. En el caso de estos sistemas políticos, la responsividad está motivada por razones de control social por ejemplo, y no por un interés genuino de atender las necesidades de los ciudadanos. En este escenario también encontramos a sistemas democráticos cuyos gobiernos son actualmente encabezados por líderes políticos extremos que privilegian el dar respuestas inmediatas incluso si esto representa tomar decisiones irresponsables en términos de normas y procedimientos.

El tercer grupo son las democracias frustrantes. Estas son la mejor representación de numerosas democracias en América Latina: sistemas políticos con gobiernos que supuestamente se apegan a las costumbres democráticas pero que son incapaces de atender las demandas de sus ciudadanos, lo que acaba generando una terrible desafección política que afecta a las bases sociales de la democracia. El México desde la transición hasta la reciente victoria de Andrés Manuel López Obrador podría estar incluido en esta casilla.

El último y peor escenario es el de las democracias fallidas. Representa a gobiernos que no son capaces de atender las necesidades de sus ciudadanos en el ahora y tampoco cuentan con margen de acción para tomar decisiones que tengan efectos futuros. El Haití contemporáneo sin duda podría ser un ejemplo de esta incapacidad gubernamental para enfrentar el presente y mucho menos el futuro.

¿Cómo alcanzar el equilibrio virtuoso?

El reto más grande que enfrentan las democracias actualmente es la necesidad de encontrar caminos institucionales que les permitan moverse de ser fallidas, negligentes o frustrantes, a ser democracias completas. Esta reflexión, aunque de entrada es normativa, debería convertirse en el punto de partida para reflexiones sobre reforma e innovación institucional y política que ayuden a mejorar la calidad de nuestras democracias. Enfrentados a los liderazgos con tendencias anti-democráticas que maximizan la responsividad frente a la responsabilidad, las instituciones tienen que actuar como contrapeso, pero estas de nada sirven si los ciudadanos no mantienen una mirada crítica frente a los líderes responsivos.

El caso de Trump de nuevo es sintomático: la derrota del Partido Republicano en la reciente elección intermedia para la Cámara de Representantes es un recordatorio clarividente de que una ciudadanía crítica –que entiende que la democracia es una serie de procesos, desde que se llega a y hasta que se sale del poder- puede restablecer el equilibrio institucional entre responsividad y responsabilidad. Este es el contrapeso que tanto necesitan muchas democracias, en donde incluso la oposición política es vista no como algo necesario y “sano” para mantener el balance democrático, sino como representantes de la deslealtad al proyecto del líder.

Pero sin líderes responsivos, volveremos a la desafección. Así, el camino virtuoso requiere de líderes que persigan materializar sus programas electorales, pero sin que ello ocurra a costa de las instituciones. La ciudadanía crítica es el árbitro último encargado de vigilar que este equilibrio no se rompa.

 

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