Salario mínimo: Todavía no es suficiente

Ricardo Becerra
Ricardo Becerra

Instituto de Estudios para la Transición Democrática

Economista por la UNAM. Fue Subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

El Presidente López Obrador formuló con sencillez los propósitos de su paquete presupuestal (el instrumento maestro de política económica): “Se mantendrán los equilibrios macroeconómicos… no gastaremos más de lo que ingresa… no vamos a endeudar al país… no vamos a aumentar impuestos ni a crear otros nuevos…” etcétera…es decir, repitió la receta canónica utilizada para garantizar tranquilidad en los mercados. Aquí el video difundido en noviembre del año pasado.

La ortodoxia económica sigue entre nosotros, en casi todos los planos de la política económica ahora en nombre de la “austeridad” salvo en un renglón muy significativo: los salarios. En ese terreno el gobierno promovió tres decisiones que merecen ser subrayadas: incrementar el salario mínimo nacional al valor de la canasta alimentaria ¡por primera vez en tres décadas!; la saludable sacudida y cambio en la Comisión que decreta esos salarios y tercero, la inexplicada duplicación del mínimo en los municipios de la frontera norte. Dos buenas noticias (muy discutidas y consensuadas en los años anteriores) y otra más bien inopinada, con escasa fundamentación.

La pregunta es: ¿qué sigue? ¿son estas medidas suficientes para construir una nueva y sostenible política salarial? ¿posee el gobierno una idea más o menos coherente para organizar sus decisiones y plantear un nuevo rumbo de los salarios en el mediano plazo?

En un comunicado de prensa reciente, la nueva Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) esbozó: “Para lograr la mejora del salario mínimo, se instrumentará una política de recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo… según lo establecido en nuestra Constitución”. Y agregó: “…mediante aproximaciones sucesivas se arribará a salarios mínimos apegados a la línea de bienestar familiar (Coneval). De existir en los próximos años condiciones económicas favorables, incluso, para llegar al nivel registrado en 1976”. 

Ojalá, pero hasta hoy no sabemos con precisión el cómo y los instrumentos, los cálculos y las formas concretas de negociación. Por eso vale la pena insistir, procurar su continuidad, justo porque ese cambio es el único que hace distinto y establece un contraste cierto frente al modelo económico –estancado y desigual- que muchos queremos abandonar.

UN MODESTO PASO EN MONEDA NACIONAL, PERO UN GRAN SALTO EN POLÍTICA SALARIAL

El aumento que entró en vigor el primer día de enero de 2019, elevó en 14.3 pesos el salario mínimo, para llevarlo a 102.7 pesos diarios, que es el equivalente al costo de dos canastas alimentarias (requerimientos calóricos) para el propio trabajador que lo gana y para un dependiente económico (todo calculado por el riguroso CONEVAL). 

Se trata del aumento más significativo en 35 años y una de las correcciones económicas y sociales más importantes. Una decisión -esta sí histórica- del nuevo gobierno. 

Pero (siempre los peros) si tomamos el asunto en serio, subsisten cuatro asuntos que deben señalarse: a) ese salario, con todo y su salto, sigue siendo inconstitucional, pues no colma el mandato del artículo 123, que como se sabe, mandata en su fracción sexta:

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Es un objetivo constitucional y por lo tanto, permanente, sistemático y obligatorio, y no obstante fue abandonado durante tres décadas y media. La propia, actual, CONASAMI lo reconoce así; b) por desgracia la inflación va más de prisa y, a principios de enero, el decreto histórico se quedó ya dos pesos atrás del objetivo inicial (la canasta alimentaria) y esas oscilaciones serán parte del objeto del monitoreo y del seguimiento futuro para toda la política (a menudo la inflación de los alimentos ganará la carrera, otras tenderá a coincidir con la línea salarial); c) de cualquier forma es un primer paso importante pero ¿cuales serán los subsecuentes? Y d) ¿seguiremos el mismo esquema vertical, presidencialista como fórmula para determinar los salarios mínimos y la política salarial de México? ¿voltearemos a reconocer la experiencia del mundo y ensayar fórmulas más abiertas, democráticas y sobre todo, representativas?

A continuación se explora una propuesta cuyo objetivo no es otro que contribuir a colocar cimientos firmes de un debate necesario e inminente. 

UNA PROPUESTA

Una nueva y genuina política salarial puede cimentarse en las siguientes características explícitas:

  1. Que el conjunto de los salarios comiencen una recuperación de su poder adquisitivo en México.
  2. Iniciar por el escalón más bajo, es decir, por los salarios mínimos.
  3. Una política sostenida, significativa, prudente y dialogada con los actores representativos de la economía real del siglo XXI (adiós al viejo corporativismo).
  4. Una política evaluada sistemáticamente, por personal especializado apoyado por las instituciones autónomas del Estado (INEGI, CONEVAL y BANXICO).
  5. Una política fundamentada en datos ciertos, objetivos, imparciales, trabajados con métodos transparentes y replicables.

Como se ve, se trata de características que están a nuestro alcance. No se crean estructuras (incluso se reducen), exige una mejor organización de lo existente y se amplía la participación y la transparencia en el proceso. Hasta hoy, el más grave obstáculo (lo que mantuvo atados los salarios mínimos a niveles inferiores a su propia productividad y por supuesto, a las necesidades básicas de los trabajadores), fue la sumisión de la CONASAMI al arbitrio Presidencial, y a su vez, la convicción muy neoclásica y antigua de nuestros Presidentes quienes no obstante haber emergido de partidos distintos, compartieron la misma visión del salario como lo que no debe ser: el atractivo principal para atraer la inversión y el “ancla” de contención de la inflación. Es decir, los riesgos y platos rotos de la globalización fueron pagados permanentemente, a costa de la mayoría de mexicanos y de sus salarios (ver https://tinyurl.com/yytgwowr).

Esperamos que los vientos democráticos modifiquen ambos componentes (verticalismo presidencial + visión neoliberal) y que la amplia conversación pública que se ha desarrollado en los últimos cuatro años haga crecer la base de apoyo de una nueva política de salarios mínimos, como lo ha expuesto de un modo elocuente  gobiernos locales (Ciudad de México, Jalisco, por ejemplo), el Congreso de la Unión (unánimemente), especialistas, la COPARMEX (el sindicato patronal más importante de México), La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros poderes e instancias junto con el recién estrenado gobierno federal.   

Transformar la Comisión de Recuperación Salarial sin edificar nuevas estructuras y sin elevar los costos de un mandato constitucional exigiría, sintéticamente, lo siguiente:

  1. Reformar el Artículo 123 de la Constitución para acabar con la noción del “tripartidismo” pues esa condición corporativa ya no refleja las condiciones del mercado laboral de nuestro tiempo, ni del lado empresarial, ni del lado sindical y mucho menos de los trabajadores que realmente ganan el salario mínimo, pues casi por definición, están fuera de toda organización gremial que los proteja. El grado de sindicalización en México es rematadamente bajo (10 por ciento).
  2. México debe aprovechar a las instituciones probadas, autónomas, técnicamente solventes, productoras de información y con reconocimiento internacional para soportar los estudios necesarios sobre los cuales se tomen decisiones precisas y equilibradas en cada momento económico del país, siempre con el objetivo de hacer crecer el ingreso y el bienestar de los trabajadores.
  3. Al mismo tiempo, se propone que una Comisión plural del Congreso de la Unión, de seguimiento a los procesos de consulta genuinos y testifique el buen trabajo técnico de la nueva Comisión.
  4. La academia y los especialistas también deben formar parte del proceso que define al salario mínimo, aportar elementos, visiones actualizadas y verificar el rigor técnico y la transparencia de los decretos que -al menos una vez por año- emita la nueva Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

La renovación en la CONASAMI es una buena noticia, pero no suficiente. Dicha Comisión –integrada ahora por personal mejor capacitado- y adscritos a la Secretaría del Trabajo, debe encargarse no solo de proponer el decreto sino de monitorear las condiciones generales del mercado laboral, realizar investigaciones y estudios económicos, sociales y demográficos y convocar al menos dos veces al año al Secretariado Técnico, a especialistas en materia social, laboral y económica.

Se puede imaginar un nuevo tipo de política más democrática en dicha Comisión: invitar a todos los actores relevantes, especialmente a los que viven directamente los efectos del nivel del salario mínimo, trabajadores, patrones, sindicatos, gobiernos Federal y Estatales, así como a representantes de la academia y de la sociedad civil. Siempre acompañada de una Comisión ex profeso de la Cámara de Diputados y probablemente de organismos internacionales como testigos (OIT y CEPAL por ejemplo). 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) podría actuar como Secretariado Técnico de la Comisión, misma que será encargada de convocar a una consulta rigurosa. El siguiente esquema puede ayudar a comprender su funcionamiento:

No son una estructura ni un modelo inéditos, sino una derivación de la experiencia internacional ocurrida entre 1981 y 2005: 28 países de 68 estudiados, conjugan estos y otros elementos que buscan representatividad laboral y empresarial, base informativa sólida, transparencia y seguimiento público sobre una de las bases del “contrato social”: el valor del trabajo de los más débiles (toda la información expuesta aquí proviene del metaestudio What Does the Minimum Wage Do? Disponible aquí.

Conviene reiterar que la propuesta de transitar hacia una Comisión Nacional para la Recuperación Salarial tiene como objetivo explícito y prioritario colocar en primer lugar a los salarios mínimos dentro de una ruta de ascenso como la que se representa en la siguiente gráfica.

Este ejercicio simple, solo pretende mostrar una de varias trayectorias sostenibles para que, al final del sexenio, el salario mínimo tenga la capacidad de adquirir no sólo la canasta alimentaria, sino la canasta de bienestar o ampliada, para dos personas (el trabajador mismo y una persona bajo su cargo).

En el año 2019 el gobierno dio el primer paso: 14.3 pesos devengados por un salario que alcance para desayunar, comer y cenar (así de elemental). A partir de los siguientes cinco años (2020-2024), inaugurar la práctica de dos aumentos por año, menos elevados cada uno, durante enero y julio por ejemplo. En la gráfica, cada aumento ya contiene implícita la inflación de ese momento. 

Luego, a partir de 2020 se proponen dos subidas salariales, una por semestre (por eso la Comisión deberá reunirse dos veces al año, cuando menos). En un primer momento (2020) un aumento de 11.2 pesos y en otro ulterior, 12.4 pesos, de modo que el ajuste en la administración y organización empresarial pueda ser previsto y bien calculado. Por supuesto, la Comisión adscrita a la Secretaría del Trabajo, deberá llevar un trabajo permanente y sistemático de monitoreo, estudio y seguimiento de los impactos reales del incremento de los salarios mínimos en todo el territorio nacional a lo largo del sexenio.

Se trata de un modelo que incorpora los menos supuestos posibles e incluye la inflación prevista para los siguientes seis años con una sola premisa: el crecimiento de los precios en el presente sexenio tendrá el mismo comportamiento promedio que el observado durante el pasado mediato (2000-2018).

No se habla de porcentajes sino de pesos absolutos, por dos razones: mostrar el verdadero tamaño del esfuerzo que las empresas o establecimientos deben realizar para alcanzar progresivamente la meta constitucional. Y por otro lado, para que “el efecto faro” se atenúe, ya que –como se sabe- las negociaciones contractuales en México suelen arrancar tomando como referencia el decreto de aumento del salario mínimo, expresado en porcentaje (allí está el caso de Matamoros). De tal manera que el aumento ocurrido en el 2019 (16 por ciento, en realidad representa solo 15 pesos, un litro de leche, si hablamos del salario mínimo), pero esto no es equivalente ni puede ser trasladable hacia otras escalas salariales. Por ejemplo el 16 por ciento sobre un sueldo de 35 mil, equivale a 5 mil 600 pesos, lo que implica otro tipo de esfuerzo y otra magnitud en el ajuste al interior de las empresas.

¿Cuál es el efecto de esta medida sobre la informalidad? Si nos atenemos a la información disponible y a los “experimentos naturales” que han ocurrido en nuestro país recientemente (cuando se eliminaron las zonas “a”, “b” y “c” con distintos salarios mínimos para fusionarse en un solo decreto nacional) se demuestra que, contrario a cierto sentido común, el bajo salario en el sector formal es uno de los factores que crean o incentivan a la informalidad. Para un trabajador de baja calificación, resulta mas atractivo recibir un mayor ingreso en la informalidad que formalizar su empleo a través de la inscripción en el IMSS, si su percepción diaria es tan baja.

El salario mínimo en México es a tal punto bajo, que los primeros incrementos importantes no resultan significativos ni para los costos empresariales, ni para la inflación, ni genera desempleo y mucho menos fomenta la informalidad.

Esto no quiere decir que aumentar los mínimos sea una especie de medicina que curará todos los males del ingreso nacional, pero sin duda un mayor salario en el sector formal es una poderosa señal para el cúmulo de mexicanos que se ocupan en la informalidad. Como lo enseñan varios casos en América Latina (el continente de la informalidad), volver relevante al salario mínimo es volver relevante la economía formal. La evidencia empírica de lo ocurrido con el aumento al salario mínimo en la zona B del país a fines de 2012 así lo comprueba: la probabilidad de pasar del desempleo a la informalidad disminuyó, mientras que la probabilidad de pasar del desempleo a la formalidad aumentó (https://tinyurl.com/y4ecgefm).

El salario mínimo en México es a tal punto bajo (ver gráfica siguiente), que los primeros incrementos importantes no resultan significativos ni para los costos empresariales, ni para la inflación, ni genera desempleo y mucho menos fomenta la informalidad (antes bien ocurre todo lo contrario, no a priori, sino en las actuales condiciones mexicanas). Como quiera que sea, a partir de cierto punto -que estamos por descubrir mediante el debido seguimiento- el incremento importante en los salarios mínimos tendrá otras repercusiones dentro de la economía mexicana a las que debemos estar atentos.

***

La recuperación del poder adquisitivo del salario en México es una medida urgente para evitar una nuevo ciclo de empobrecimiento de los trabajadores y para ayudar a cierta reactivación económica del país, con lo que están de acuerdo diversas representaciones de trabajadores pero también patronales, señaladamente la COPARMEX.

Mantener el paso es decisivo. Por primera vez en más de tres décadas el salario mínimo mexicano es (casi) suficiente para adquirir dos canastas alimentarias, es decir, permite salir de la pobreza extrema a centenas de miles de trabajadores. Es, quizás, el avance en el mundo del trabajo más importante en lo que va del siglo. Pero no es suficiente: hay que cambiar la política, sus modos y las instituciones en las cuales se define.

Hemos dicho que el aumento al salario mínimo es buena política económica pero también, la mejor política social (véase https://tinyurl.com/y2otqyye).

No necesita padrones, no forma clientelas, no requiere burocracias inmensas para administrar y trasladar las dádivas y lo mejor: motiva, impulsa las ganas de trabajar y por lo tanto, la afirmación social e individual de vivir con dignidad.


El autor agradece especialmente la revisión y colaboración de la economista Lucía Orta, para la elaboración de esta propuesta.

 

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