El pasado miércoles, 23 de enero, el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, asumió funciones como presidente interino entre un intenso día de protestas antigubernamentales. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde abril de 2013, respondió reclamando su posición como el presidente legítimo y sugirió que la declaración de Guaidó fue un intento de golpe de estado.  Líderes de 14 países, incluyendo los EEUU, Canadá y el llamado Grupo de Lima (con la excepción de México) emitieron rápidamente declaraciones que respaldaron a Guaidó como el líder legítimo del país. 

Sin lugar a dudas no es un caso con muchos antecedentes en la región. Juan Guaidó, líder de la Unidad Democrática, organización paraguas de la oposición venezolana, había expuesto la base constitucional para su toma de posesión en un reciente artículo de opinión en el Washington Post.  El artículo 233 de la Constitución venezolana establece que, en ausencia absoluta del presidente de la República, el líder de la Asamblea Nacional debe asumir la presidencia y convocar a nuevas elecciones presidenciales.

¿Qué es la ausencia absoluta del presidente?  Maduro asumió la presidencia el 10 de enero, pero en medio de un rechazo generalizado de su legitimidad, con más de 50 países desconociendo los resultados de las elecciones celebradas en mayo de 2018.  Según el argumento opositor, como Venezuela no contaba con un presidente o vicepresidente constitucionalmente legítimo, Guaidó tenía la potestad, como presidente de la Asamblea Nacional, para asumir la presidencia de manera interina.

Algunos han argumentado que la acción de Guaidó marca un golpe de estado, mientras que otros afirman que es absolutamente constitucional. Perceptiblemente no fue un golpe militar en el sentido tradicional debido a que los militares no usaron la fuerza para imponer su voluntad, pero tampoco es un cambio de gobierno característico de democracias plenas.  Al contrario, se asemeja a otras salidas presidenciales anticipadas en la región que fueron polémicas y desordenadas.

La salida del presidente refleja el estado de la democracia

El caso venezolano puede aparecer sui generis, pero se ha adherido bastante a los patrones regionales de modos de salida presidencial.

En un documento de trabajo sobre este tema sostengo que algunos modos de remoción son más o menos comunes en diferentes condiciones de régimen: el juicio político es más probable cuando la calidad institucional y la democracia son más fuertes, los golpes militares son probables bajo el autoritarismo o el autoritarismo competitivo, y las renuncias forzadas o las extracciones extra constitucionales por parte de un cuerpo político dominan el rango medio de la calidad del régimen entre democracias puras y autocracias puras.

Esta idea se basa, en parte, en las investigaciones de Leiv Marsteintredet y Einar Bertzen, cuyo trabajo conceptual mantiene que las presidencias interrumpidas no deben ser agrupadas indiscriminadamente como un único tipo de caso. Utilizan a América Latina como un laboratorio para explicar que ha habido numerosas salidas presidenciales en la historia de la región que se desvían mucho de los golpes militares y juicios políticos. En su lugar, presentan casos en los que los legisladores o los tribunales aplicaron leyes de manera selectiva o interpretaron la constitución en un intento de eliminar a los líderes impopulares. Un ejemplo de salidas anómalas pero incruentas es la destitución del presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram en febrero de 1997 por “incapacidad mental”.

Una versión simplificada de mi argumento incorpora la existencia de estos modos de salida para argumentar que el nivel de democracia abre o cierra diferentes rutas para que los políticos, los ciudadanos y otros organismos remuevan a los jefes de estado. A medida que la democracia mejora, los mecanismos constitucionales de cambio presidencial deberían comenzar a reemplazar a los no constitucionales. Esto es consistente con el trabajo de Pérez-Liñán, quien propone que en América Latina los juicios presidenciales pueden haber reemplazado a los golpes militares tradicionales como mecanismo principal de eliminación de opciones desde la década de los noventa.

En resumen, sugiero que existen ciertos requisitos institucionales o estructurales bajo los cuales es más probable que ocurran diferentes tipos de salida temprana.

Remociones constitucionales asediadas

En un artículo reciente en la revista Democratization, Pérez-Liñán y yo desarrollamos una teoría unificada de la inestabilidad presidencial para explicar por qué los presidentes electos son destituidos de sus cargos por acción civil o militar.  Aunque analizamos solo los casos democráticos, una de las conclusiones de nuestra investigación es que ciertas condiciones institucionales pueden facilitar u obstaculizar los retiros legales en comparación con los golpes de estado. Entre otras cosas, demostramos que las crisis gubernamentales pueden escalar fácilmente a crisis del régimen democrático cuando se bloquean los lugares legales para la destitución del presidente.

Esto es relevante en la Venezuela de hoy, donde el Chavismo ha impedido cualquier ruta constitucional para destituir a Maduro.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha intentado recurrir a mecanismos constitucionales por varios años.  La coalición opositora ganó una mayoría en la Asamblea Nacional por primera vez bajo el chavismo en diciembre de 2015 y poco después aprobó un referendo revocatorio contra el presidente.  Sin embargo, Maduro bloqueó este intento, primero mediante tácticas dilatorias y luego con una suspensión total a través del politizado Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Las demás instituciones del estado han sido controladas por el chavismo. Durante la navidad de 2015, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nombró magistrados para el TSJ sin los requisitos mínimos. Al iniciarse el mes de enero de 2016, el gobierno usó de nuevo al TSJ e impidió que cuatro diputados del estado Amazonas asumieran sus cargos legislativos y de esa manera evitó la mayoría calificada de dos tercios de la oposición.

En los siguientes 14 meses, el TSJ dictó 50 sentencias para quitarle competencias a la Asamblea, y en marzo de 2017 el Tribunal Supremo venezolano dictó dos nuevas sentencias en las que dejó sin competencias la Asamblea Nacional, lo cual marca una ruptura del orden constitucional.  El 30 de julio de 2017, se eligió a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a la que Maduro le otorgó el rango de “suprapoder”.

Dado las condiciones autoritarias en el país, la estrategia de Guaidó y la Unidad Democrática es lógica—e incluso admirable, para buscar legitimidad constitucional.

Evidencia

En el documento de trabajo más arriba mencionado, examino la relación entre el nivel de democracia y el modo de remoción mediante un conjunto de datos globales de salida presidencial en democracias presidenciales del mundo (43 países en total: 20 de las Américas, 16 de África y 7 de Eurasia) entre 1900 y 2016.  El diagrama en el gráfico 1 muestra la distribución de valores de poliarquía (o democracia liberal, medido a partir de la base de datos Variedades de Democracia — VDem) para los golpes de estado, renuncias forzadas y juicios políticos.  Lo que muestra es que claramente los juicios políticos suceden en ambientes más democráticos, con un promedio de poliarquía alrededor de 0,7 (para un rango máximo de 0 – perfectamente autocrático–  a 1 – perfectamente democrático), mientras las renuncias forzadas y golpes de estado suceden en contextos de niveles de poliarquía entre 0,15 y 0,40.  La posible salida de Maduro según la estrategia de Guaidó se colocaría en la categoría de renuncias forzadas.

Gráfico 1. Diagrama de caja de puntuaciones de poliarquía VDem para diferentes modos de remoción presidencial (1900-2016)

En el gráfico 2, marco el puntaje en democracia liberal para Venezuela desde 1959 hasta 2017. Venezuela nunca sube por encima de 0,8 o cae por debajo de 0,25. La figura muestra que la democracia liberal creció en el país entre la transición democrática ocurrida en 1959 y 1974, antes de estabilizarse por un período de casi 25 años. Luego, desde la elección de Hugo Chávez en 1999, los números reflejan una disminución casi constante de la calidad durante un período de 20 años. 2017 (y ciertamente 2018, cuando los datos estén disponibles) representan el puntaje inferior, con el número cayendo a 0,27. Esto quiere decir que el puntaje de Venezuela está alrededor del valor mediano de la segunda categoría, lo que indica que este intento único de eliminación es en realidad consistente con otros intentos de remoción a lo largo de la historia.

Figura 2. Puntaje de Poliarquía en Venezuela (1959-2017)

Los modelos estadísticos de mi artículo prueban la intuición del gráfico: existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel de democracia y los procedimientos de impugnación, por lo que es más probable que el juicio político ocurra en niveles más altos de democracia, mientras que otros procedimientos dominan a medida que disminuye el nivel de democracia. Sin embargo, notablemente—y relevante al caso actual—los modelos estadísticos no muestran una diferencia entre la incidencia de renuncias forzadas y golpes de estado, lo que significa que en niveles más bajos de democracia, cada uno es aproximadamente igual de probable.

Implicaciones

¿Cuáles son las implicaciones? Primero, que el juramento de Guaidó es un movimiento político tan constitucional como se puede esperar en estas circunstancias. Maduro ha impedido constantemente los controles a su poder y básicamente desafió a sus oponentes a hacer algo al respecto.

Segundo, mi trabajo y el de otros sugieren que los críticos de la estrategia de Guaidó deben tener cuidado en lo que desean. Los datos indican que un golpe de estado militar rara vez es la primera opción para los opositores a un presidente sino un recurso de última instancia. Si la táctica de la Asamblea Nacional y la presión diplomática internacional no son suficientes para destituir a Maduro, un golpe militar podría ser el próximo paso.


Las opiniones expresadas aquí son únicamente las del autor y no representan las opiniones de la Academia Naval de los Estados Unidos, el Departamento de la Marina, el Departamento de Defensa, ni del gobierno estadounidense.

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